3.
La Presidenta de la Corte (en adelante “la Presidenta” o “esta Presidencia”) considera
procedente recabar las declaraciones ofrecidas por las partes que no han sido objetadas. Por
consiguiente, se admiten las declaraciones de Olga Beatriz Flores Bedregal ofrecida por los
representantes, y de Eduardo Germán Domínguez Bohrt, ofrecida por el Estado, según el
objeto y modalidad determinada en la parte resolutiva de la presente Resolución (infra punto
resolutivo 1).
4.
A continuación esta Presidencia expondrá en forma particular, consideraciones sobre:
a) la admisibilidad del peritaje ofrecido por la Comisión y los representantes; b) la
admisibilidad de las declaraciones de Verónica y Lilian Flores Bedregal, ofrecidas por los
representantes; c) la admisibilidad de los peritajes ofrecidos por los representantes; d) la
solicitud de la Comisión para formular preguntas al perito Federico Andrés Paulo Andreu
Guzmán, y e) la aplicación del Fondo de Asistencia Legal ante la Corte en el caso concreto.
A. Admisibilidad del peritaje ofrecido por la Comisión y los representantes
5.
La Comisión ofreció el dictamen pericial de Kate Doyle para que declare sobre “el
derecho de acceso a la información sobre graves violaciones de derechos humanos contenida
en archivos militares, su alcance, contenido y obligaciones del Estado en esta materia. En
especial […] sobre el desarrollo de principios y estándares del derecho comparado e
internacional y las mejores prácticas regionales para garantizar el acceso a la información
sobre graves violaciones de derechos humanos […], particularmente, aquella en poder de las
fuerzas armadas [, e informará] sobre la respuesta de los Estados de la región ante solicitudes
de acceso a la información sobre graves violaciones de derechos humanos contenida en
archivos militares y su impacto en el acceso a la justicia”. Asimismo, indicó finalmente que la
perita “abordará particularmente la respuesta de las autoridades del Estado […] ante este tipo
de solicitudes, de conformidad con dichos estándares y mejores prácticas”. Los
representantes asumieron “como propio” el peritaje ofrecido por la Comisión.
6.
La Comisión fundamentó el ofrecimiento de la pericia con base en que el caso presenta
cuestiones que afectan el orden público interamericano. Concretamente, adujo que permitirá
que la Corte pueda “desarrollar y consolidar su jurisprudencia sobre el deber de los Estados
de adecuar su marco jurídico para garantizar el pleno y efectivo ejercicio del derecho de
acceso a la información sobre graves violaciones de derechos humanos. En particular,
respecto de la obligación de los Estados de obtener, producir, analizar, clasificar, organizar y
facilitar a la sociedad en su conjunto el acceso a los archivos militares relacionados con graves
violaciones de derechos humanos”.
7.
Por su parte, el Estado objetó el peritaje sosteniendo que la Comisión se limitó a decir
que el peritaje presenta cuestiones de orden público interamericano sin fundamentarlo como
lo establece el artículo 35.1.f) del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”).
8.
Sobre la objeción planteada, la Presidenta recuerda que el ofrecimiento de las
declaraciones periciales, por parte de la Comisión, tiene su sustento en el artículo 35.1.f) del
Reglamento de la Corte, en donde se supedita el eventual ofrecimiento de peritos cuando se
afecte de manera relevante el orden público interamericano de los derechos humanos, lo cual
corresponde a la Comisión sustentar. En este sentido, la Presidenta considera que contrario

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