-36La testigo y su familia tienen serios problemas de salud, que no han podido atender por razones
económicas. Vive en la casa de un familiar y el dinero sólo le alcanza para pagar la luz y el agua.
Se siente “mal, cansada, enferma, frustrada y con necesidades económicas que son
inalcanzables”.
En mayo de 2003 le adelantaron S/. 500 nuevos soles por los sueldos de octubre, noviembre y
diciembre de 1995 que le debían, luego “[l]e terminaron de pagar toda la deuda”.
Ahora “renacen [sus] esperanzas de justicia al saber que este alto tribunal de justicia está
analizando [su] caso y [cree] que ahora se cumplirán las sentencias de reposición en el Perú”.
4.
Agustín Jimio Huanca, presunta víctima
Su vínculo laboral con la Municipalidad de Lima empezó en el año 1985. Trabajaba en la empresa
de limpieza como ayudante de recolección de residuos sólidos. En 1996 perdió su trabajo y su
salario, “lo único que tenía para alimentar su familia y educar a [sus siete] hijos”.
Interpuso una acción de amparo, junto con otros compañeros. Después de varios años, el
proceso terminó con una sentencia del Tribunal Constitucional que ordenó a la ESMLL que los
recontrataran. Sin embargo, la sentencia nunca fue cumplida.
Un año después de ser emitidas las resoluciones judiciales “tenía insomnio, dolores de cabeza,
[se] deprimía, [se] sentía triste y sentía cólera”. Actualmente tiene miedo por su salud y por su
familia. En 1988 tuvo un accidente en el trabajo. En 1989 el estado de su salud empeoró y tuvo
que ser internado. Tuvo tres operaciones en la pierna y “en cada operación [le] cortaban más
pierna, porque se seguía pudriendo”. Desde que lo despidieron no tiene seguro social.
Después del despido no tenía dinero para comer, ni para pagar la luz y el agua. Poco tiempo
después de su despido, su hijo Juan Miguel tuvo que ser internado durante tres meses porque
tenía poliomielitis. Tuvo que “pedir prestado a todo el mundo para sobrevivir y ayudarlo con las
medicinas”. Tuvo que trabajar vendiendo golosinas en la calle durante tres años. Debe los pagos
de dos meses de agua y luz, y no paga el autoevalúo de su casa desde 1996. Tuvo que dejar de
trabajar porque le empeoraron la diabetes y los problemas con la pierna. Sus tres hijos tuvieron
que dejar de estudiar.
5.
Carmen Esperanza Yaranga Lluya, presunta víctima
Su vínculo laboral con la Municipalidad de Lima empezó en 1981. Trabajaba en la limpieza
pública, en el turno de noche. Trabajó hasta el 30 de junio de 1996 cuando, después de terminar
sus labores de limpieza, encontró las puertas de la empresa ESMLL cerradas. “[N]o dejaban
ingresar a ningún trabajador y [les] dijeron que la empresa había cerrado”.
Al igual que sus compañeros, presentó una acción de amparo. Después de varios años, una
sentencia del Tribunal Constitucional ordenó a la ESMLL que los recontratara. La Municipalidad de
Lima, que es “dueña de ESMLL”, se negó de cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional y se
dedicó a “atacar a los dirigentes”. Los dirigentes sindicales iniciaron gestiones para que la
Municipalidad de Lima cumpla con dicha sentencia. Recurrieron a la Defensoría de Pueblo, a la
OIT, al Colegio de Abogados de Lima, y a diferentes organismos de derechos humanos.
Se sentía desesperada porque “necesitaba dinero para comprar útiles de [sus] hijos, alimentarlos
y, además, [le] cortaron los servicios de agua y luz durante dos años”. Salía a trabajar en lo que