296. La Corte ha desarrollado el concepto de daño material 363 e inmaterial 364 y los supuestos en que corresponde indemnizarlos. En razón de ello, la Corte determinará la pertinencia de otorgar reparaciones pecuniarias y los montos respectivos debidos en este caso. Previamente a ello, en razón de que existe controversia sobre supuestas indemnizaciones ya concedidas a través del Programa Nacional de Resarcimiento (en adelante, “PNR”), la Corte se pronunciará sobre dicho punto a continuación. D.1. Indemnizaciones Resarcimiento efectuadas a través del Programa Nacional de 297. El Estado solicitó que se tengan por “debidamente indemnizadas” a algunas de las víctimas que fueron objeto de reparación a través del Programa Nacional de Resarcimiento. Asimismo, el Estado expresó su voluntad de “resarcir económicamente” a las víctimas del presente caso que no fueron indemnizadas previamente. Durante la audiencia pública, el Estado reiteró su disposición de resarcir a las víctimas que aún no habían sido indemnizadas, sin embargo, indicó que haría esto “inclu[yéndolas] en los rubros de reparación del Programa Nacional de Resarcimiento”. 298. La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado “[r]eparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el [Informe de fondo] tanto en el aspecto material como moral, incluyendo una justa compensación”. Asimismo, valoró las acciones emprendidas por el Estado, tendientes a la implementación del Programa Nacional de Resarcimiento, (supra párr. 300), mediante el cual se otorgaron indemnizaciones a algunas de las víctimas del presente caso. No obstante, según la Comisión, “dicho programa no ofrece garantías de que se logre reparar […a las víctimas de violaciones de los derechos humanos] de manera consistente con los estándares interamericanos”. De este modo, solicitó que, “una vez comprobada la efectiva recepción de ciertos montos indemnizatorios por algunas de las víctimas [a través del PNR, la Corte] los tome en cuenta al momento de ordenar las indemnizaciones para restarlo del monto final dispuesto […] para las víctimas que se encuentren en idéntica situación”. 299. Respecto a la lista remitida por el Estado de 102 personas o núcleos familiares presuntamente ya resarcidas mediante el PNR (infra párr. 300), los representantes indicaron que: a) algunas de las personas señaladas no son víctimas de las masacres de Río Negro y no fueron individualizadas como presuntas víctimas del presente caso; b) otras personas son víctimas y ya han recibido cierta cantidad como indemnización, y c) otras personas son víctimas pero no han recibido indemnización aún. Asimismo, los representantes señalaron que el Programa Nacional de Resarcimiento sólo otorga reparación a algunas categorías de víctimas, por ejemplo, no da reparación a víctimas de violaciones de los derechos a la protección y garantías judiciales, y que dicho programa dispone “que el monto máximo otorgado por núcleo familiar será de Q44,000.00[,] sin importar la cantidad de víctimas que hayan existido en su familia, y debiendo dividirse entre los distintos beneficiarios dicha cantidad […]”. Además, manifestaron que el resarcimiento “de carácter económico-individual” no puede considerarse como reparación “integral”. 363 Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas, supra, párr. 43, y Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, supra, párr.309. 364 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 84, y Caso Pueblo Indígena Kichwa Sarayaku Vs. Ecuador, supra, párr. 318.