6. El 14 y 17 de marzo de 2012, la Comisión Interamericana y los representantes, respectivamente, presentaron sus observaciones a la impugnación de la competencia temporal de la Corte y al reconocimiento parcial de responsabilidad hechos por el Estado (supra párr. 5). 7. Con posterioridad a la presentación de los escritos principales (supra párrs. 1 a 5), el Presidente del Tribunal ordenó, mediante Resolución de 31 de mayo de 2012, recibir mediante declaración jurada ante fedatario público (en adelante “affidávit”), las declaraciones de cuatro presuntas víctimas, la declaración de un testigo, y el dictamen de tres peritos, propuestos por la Comisión Interamericana, el Estado y los representantes, respectivamente. Las partes y la Comisión tuvieron la oportunidad de formular preguntas y observaciones a las presuntas víctimas y peritos. Asimismo, el Presidente convocó a la Comisión Interamericana, a los representantes y al Estado a una audiencia pública para recibir la declaración de dos presuntas víctimas y dos dictámenes periciales ofrecidos por los representantes y la Comisión Interamericana, respectivamente, así como para escuchar los alegatos finales orales de los representantes y del Estado, y las observaciones finales orales de la Comisión sobre la excepción preliminar, el fondo, las reparaciones y las costas 3. 8. El 12 de junio de 2012, el Presidente de la Corte solicitó a la Comisión Interamericana la remisión de la lista de presuntas víctimas pero organizada por núcleos familiares. 9. La audiencia pública fue celebrada los días 19 y 20 de junio de 2012 durante el 95º Período Ordinario de Sesiones de la Corte. Durante ésta, el Tribunal solicitó a las partes y a la Comisión Interamericana la remisión de determinadas aclaraciones, información adicional y prueba para mejor resolver, al presentar sus alegatos y observaciones finales escritos 4. 10. Luego de dos prórrogas, el 3 de julio de 2012 la Comisión presentó la lista de presuntas víctimas organizada por núcleos familiares (supra párr. 8). 11. El 5 y 6 de julio de 2012, respectivamente, la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Javeriana Cali “Grupo de Litigio Estratégico y Estructural GLEE” y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Veracruzana presentaron escritos en calidad de amicus curiae en el presente caso. 12. El 20 de julio de 2012 los representantes, el Estado y la Comisión Interamericana remitieron sus respectivos alegatos y observaciones finales escritas vía electrónica. Junto con sus escritos, la Comisión, los representantes y el Estado remitieron la mayor parte de las aclaraciones y documentos solicitados durante la audiencia pública (supra párr. 9). El 23 de 3 Cfr. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Convocatoria a Audiencia Pública. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 31 de mayo de 2012. Esta Resolución se encuentra disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/rio_01_06_12.pdf. Con posterioridad a la mencionada convocatoria, el 18 de junio de 2012 el Estado desistió de su ofrecimiento de la declaración testimonial a cargo del señor Manuel Giovanni Vásquez. 4 A esta audiencia pública comparecieron por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Rosa María Ortíz, Comisionada, y Karla I. Quintana Osuna, Especialista de la Secretaría Ejecutiva; por los representantes: Edgar Fernando Pérez Archila, Juan de Dios García Xajil, Tomás Marcelino Alonzo Teletor, Jorge Alfredo Xitumul Sucup, María Hortencia Lajuj Sánchez, María Eustaquia Uscap Ivoy, María Osorio Chen, Bruna Pérez Osorio, Jose Osorio Sic, José Osorio Osorio, Cruz Pérez Osorio, Juana Chen Osorio, Juan Chen Osorio, Carmen Sánchez Chen, Tomasa Osorio Chen, Edgar Alfredo Ortega Franco, José Rodolfo González Sierra, Ana Elisa Virginia de la Asunción Samayoa Guzmán, Silvia Weber, María Purvis, Denis Becker y Scott Sic; por la República de Guatemala: Antonio Arenales Forno, Secretario de la Paz; Larry Mark Robles Guibert, Procurador General de la Nación; Raúl Morales Moscoso, Vice Ministro de Relaciones Exteriores; Jorge Humberto Herrera Castillo, Presidente del Programa Nacional de Resarcimiento, María Elena de Jesús Rodríguez López, Agente del Estado, y Diego Roberto Estrada Tobar, Asesor Jurídico del Departamento de Seguimiento de Casos Internacionales en materia de Derechos Humanos de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos.