-6“decret[e] la libertad en 24 horas” a favor de todas las personas procesadas o condenadas por dichos delitos. Las representantes de las víctimas consideran que la aprobación de dicho proyecto es “inminente”. Aportaron como anexo una copia de la referida “Iniciativa de Ley” número 5377. 8. Con respecto a los requisitos para la adopción de medidas provisionales, indicaron: a) Sobre la gravedad, señalaron que “en Guatemala existe una grave situación de impunidad, que coloca en grave riesgo a las víctimas de derechos humanos”. Consideran que ese “contexto de impunidad es el provoca un grave riesgo frente a amenazas de muerte, que no han sido debidamente investigadas y donde el Estado no ha adoptado ninguna medida de protección”. Se refirieron al contexto de hostigamientos, agresiones y amenazas a operadores de justicia, que ha llevado a que la Comisión haya otorgado medidas cautelares a favor de operadores de justicia. Como elementos de “agravación del riesgo” resaltaron los hechos indicados en el párrafo anterior y agregaron que las tres personas que lograron evitar su captura “en cualquier momento pueden atentar contra víctimas o testigos del caso de violencia sexual”. Consideran que “se ha establecido prima facie que la vida, y la integridad personal de las mujeres achi, que promueven el proceso penal en contra de 7 ex patrulleros civiles que guardan prisión preventiva, se encuentra en grave riesgo, por estar conviviendo con los familiares de los acusados en su propia comunidad”. b) Respecto al requisito de urgencia, los representantes señalan que “las víctimas continúan expuestas a las causas que estarían asociadas a su situación de riesgo”. Consideran que “el hecho que las víctimas convivan diariamente con los presuntos agresores, en un espacio tan reducido como las comunidades de Rabinal, facilita la materialización de las amenazas vertidas”. También resaltaron “la inminente aprobación de las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional”, ya que “los diputados pro impunidad ostentan la mayoría necesaria para aprobar la legislación”. Ello “no solo refuerza el poder de los agresores, sino que también transmite un mensaje de impunidad y menosprecio hacia las mujeres achi víctimas de violencia sexual y a las víctimas de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos ya que coloca a los agresores como intocables”. Consideran “altamente peligroso” que dicho proyecto de ley de reformas contempla la “inmediata libertad de los procesados y condenados por graves violaciones a los derechos humanos”, lo que “coloca a las víctimas en una situación extremadamente vulnerable, frente a los ataques contra su vida e integridad personal”; c) En cuanto al daño irreparable a las personas, los representantes señalaron que “las amenazas vertidas en contra de víctimas y testigos del caso por violencia sexual que actualmente se tramita ante los tribunales de justicia, conlleva la posible afectación al derecho a la vida e integridad personal, los cuales constituyen la máxima situación de irreparabilidad”. 9. En el escrito por medio del cual aportaron “información adicional” (supra Visto 9), las representantes se refirieron con mayor detalle a la denuncia por amenazas de muerte presentada por una de las víctimas el 3 de agosto de 2018 en la Fiscalía Municipal de Rabinal y ratificada el 24 de septiembre de ese año. Aportaron copia de tal denuncia. Explicaron que la denunciante no reveló el nombre de la familiar que le informó sobre las amenazas “como medida de seguridad” porque tiene “temor a sufrir represalias”. Asimismo, las representantes de las víctimas presentaron copia de las declaraciones rendidas por ocho mujeres el 18 de junio de 2018 ante la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, en las que manifestaron que habían tenido conocimiento que algunos “familiares de las personas procesadas” por los hechos de violación sexual habrían externado que harán daño a las denunciantes, que otros están averiguando