3 en: 1) infraestructura de seguridad y sistemas de comunicación, así como 2) rondines y medidas de acompañamiento. A continuación este Tribunal se referirá a la información remitida respecto de las mismas, en ese mismo orden. A.1) Sobre la provisión de infraestructura de seguridad y sistemas de comunicación 6. El Estado informó sobre las gestiones realizadas para revisar, instalar y reparar equipos de seguridad en las oficinas de OPIM y de Tlachinollan, tanto en Ayutla como en Tlapa de Comonfort; en los domicilios de Inés Fernández y Abel Barrera5, y en las oficinas de la organización Monitor Civil de la Policía y de las Fuerzas de Seguridad de La Montaña (en adelante MOCIPOL) en la cual trabajarían algunos de los beneficiarios. Destacó que, alrededor del 15% de su presupuesto para servicios de infraestructura, es destinado exclusivamente para estas medidas. En mayo de 2015, informó que frente a las fallas técnicas que habían presentado el teléfono satelital, el sistema de CCTV y las cámaras instaladas en el domicilio de Inés Fernández, coordinó con la empresa proveedora su sustitución. Por otro lado, respecto la reja perimetral para el domicilio de Abel Barrera6, en abril de 2012 señaló que “la Secretaría General de Gobierno del estado de Guerrero [había] informado a la [Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos] que se enc[ontraba] en posibilidad de instalar de manera inmediata [dicha] reja”. Sin embargo, en octubre de 2014 señaló que “no se [había] pact[ado]” la instalación de dicha reja, ni el sistema de comunicación entre las oficinas de Tlachinollan en Tlapa de Comonfort y en Ayutla de los Libres, pero que analizaría la posibilidad de implementarlas. Por otra parte, en abril de 2012 informó que el servicio de presencia policíaca permanente en las oficinas de Tlachinollan en Ayutla se seguía prestando “según lo pactado”. 7. Adicionalmente, sobre la provisión de sistemas de comunicación, en abril de 2012 el Estado señaló que personal de Telecomunicaciones de México había reparado la totalidad de los teléfonos satelitales fijos y que les habían entregado reguladores de energía eléctrica. Manifestó que en marzo y mayo de 2013 se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los beneficiarios, a partir de las cuales la Secretaría de Gobernación realizó gestiones para revisar y reparar dichos teléfonos, así como explorar otras alternativas. Respecto a las fallas del teléfono de la señora Fernández Ortega, el Estado informó que en septiembre de 2015 le otorgó “el servicio de arrendamiento de línea y equipo de telefonía”. 8. Los representantes indicaron que la falta de coordinación del Estado mexicano con los proveedores de servicios continuaba alargando la implementación de estas medidas. Reconocieron que las últimas revisiones e instalaciones fueron realizadas en agosto de 2014. No obstante resaltaron que “no [habían] funciona[do] adecuadamente, durante aproximadamente dos años”. Sobre la presencia policíaca permanente en Ayutla, indicaron de forma reiterada que esta no era continua ni efectiva, que no se habían entregado a los beneficiarios los nombres ni las hojas de vida de los policías asignados, y que los policías acudían con el rostro cubierto con pasamontañas 5 Concretamente, en sus informes de octubre 2014, de enero y agosto de 2015 y de enero de 2016 el Estado precisó que: (i) en las oficinas de Tlachinollan en Ayutla de los Libres y de Tlapa de Comonfort instaló y puso en operación un Circuito Cerrado de T.V. Digital I.P. (CCTV), cuatro y seis cámaras de vigilancia digital, respectivamente, para el CCTV con canalización, así como suministró e instaló dos luminarias suburbanas para cada sede; (ii) en las oficinas de OPIM en Ayutla de los Libres, instaló y puso en operación un CCTV y cuatro cámaras de vigilancia digital para el CCTV con canalización; (iii) en el domicilio de Abel Barrera igualmente puso en operación un CCTV, cuatro cámaras de vigilancia digital para el CCTV con canalización y cuatro luminarias suburbanas, y finalmente (iv) en el domicilio de Inés Fernández, instaló y puso en operación un sistema de CCTV, cuatro cámaras de vigilancia digital para el CCTV con canalización y dos reflectores de iluminación. Adicionalmente, instaló una línea satelital de telefonía. Resaltó que los sistemas de seguridad con los que cuentan los beneficiarios permiten el monitoreo vía internet de cada cámara y cuentan con sistemas de iluminación nocturna y una instalación reforzada que protege los equipos contra ataques y robo, al igual que permite la posibilidad de grabar por varios días aun cuando éstos sean desconectados o alterados. 6 Las partes se refieran a esta medida, indistintamente, como “reja perimetral”, “reja ciclónica”, “malla ciclónica” o “alambre perimetral”. La Corte entiende que se trata de una única medida solicitada desde 22 de marzo de 2011.