3 actos de violencia física, verbal, psicológica y agresiones de tipo sexual. Afirman que Ana María Velasco Rodríguez, comerciante, habría sufrido diversas formas de violencia física, verbal, psicológica, agresiones de tipo sexual, violación por vía oral y violación por vía vaginal con dedos, por parte de policías. 11. Respecto de las presuntas víctimas detenidas el 4 de mayo de 2006 en San Salvador de Atenco, los peticionarios alegan que todas fueron detenidas en forma arbitraria e informan que Mariana Selvas Gómez, estudiante de Etnología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y Georgina Edith Rosales Gutiérrez, empleada del Instituto Mexicano de Seguridad Social, habrían sufrido diversas formas de violencia física, verbal, psicológica y agresiones de tipo sexual por parte de los policías. Además, Claudia Hernández Martínez, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México; Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, estudiante de periodismo en la Universidad del Valle de México, Patricia Torres Linares, estudiante en la Facult ad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y Norma Aidé Jiménez Osorio, estudiante; habrían sufrido diversas formas de violencia física, verbal, psicológica, agresiones de tipo sexual y violación por vía vaginal con dedos, por parte de policías. Asimismo, Bárbara Italia Méndez Moreno, trabajadora de la organización “ Fundación Nueva Vida” , habría sufrido diversas formas de violencia física, verbal y psicológica, agresiones de tipo sexual, violación por vía vaginal con dedos y otros objetos por parte de policías. 12. Con motivo de los hechos ocurridos, se habrían iniciado procedimientos internos a nivel federal y a nivel estatal. Según los peticionarios, las investigaciones reflejan deficiencias; dilación e; indebida calificación de los hechos delictivos en cuanto a los tipos penales “ que aminoran las violaciones a los derechos humanos” de las presuntas víctimas, perpetrándose con ello la impunidad. Sostienen que este caso, la falta de investigación y sanción de los responsables ejemplifica la falta de debida de diligencia que prevalece en casos de violencia contra las mujeres. 13. Indican que en el fuero federal, el 16 de mayo de 2006, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres, que desde el 2008 se denomina Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) (en adelante “ FEVIM” ), inició de oficio una investigación (AP/FEVIM/03/05 -2006) por “ tratarse de hechos públicos y notorios” , con el fin de indagar sobre los presuntos abusos cometidos en contra de las mujeres en Texcoco y San Salvador de Atenco, entre el 3 y 4 de mayo de 2006. Afirman que el 17 de mayo del mismo año, el centro PRODH presentó a la Fiscalía Especial una denuncia de los hechos, constituyéndose en representantes de la coadyuvancia y que t odas las presuntas víctimas presentaron y ratificaron su denuncia penal ante la FEVIM. Informan que el 13 de julio de 2009 la FEVIM declinó su competencia a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (en adelante “ Procuraduría del Estado de México” ), a pesar según los peticionarios, de que reconoció la existencia de tortura y la participación de policías en los hechos, asuntos que son de ámbito federal. 14. Respecto de las investigaciones en el fuero estatal, señalan que el 10 de mayo de 2006, la Mesa Primera de la Dirección de Responsabilidades de la Procuraduría del Estado de México abrió de oficio la averiguación previa TOL/DR/I/466/2006 en contra de quienes resultasen responsables por los hechos ocurridos en Texcoco y San Salvador de Atenco los días 3 y 4 de mayo , abarcando a todas las personas que resultaren víctimas de los sucesos. A dicha averiguación se acumuló la averiguación previa TOL/DR/I/470/2006 iniciada el 11 de mayo de 2006, producto de la denuncia de oficio presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (en adelante “ CNDH” ). 15. Respecto de las diligencias realizadas, informan que el 12 de mayo de 2006 personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado acudió al Centro de Readaptación Social “ Santiaguito” , donde se encontraban recluidas 5 de las presuntas víctimas, con el objeto de que ratificaran las denuncias por agresiones sexuales. De acuerdo a los peticionarios, exámenes médicos

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