no informó “sobre las medidas adoptadas a su favor de los niños y niñas […] que no han podido
ser reinsertados a su núcleo familiar”. En cuanto a la prevención de la violencia sexual,
estimaron que el Estado no presentó ninguna información y resaltaron la necesidad de que
“adopte medidas directas que permitan prevenir el riesgo de violencia, en contra de mujeres
y [niños, niñas y adolescentes]”. En este sentido, señalaron que “la adecuada investigación de
los actos de violencia registrados [es] justamente uno de los mecanismos fundamentales para
detener la repetición crónica de este tipo de violaciones”. Durante la audiencia privada, las
representantes señalaron que, “de acuerdo con la información que h[an] recibido y que fue
confirmada por las […] personas […] entrevistadas [durante la visita], la violencia sexual sigue
siendo sistemática”, y alegaron que “sería importante conocer el protocolo para atender este
tipo de violencia”73. Finalmente, respecto del principio de no devolución, estimaron que éste
no es garantizado por el Estado.
23.
En cuanto a la solicitud del Estado de levantamiento de las medidas, las representantes
señalaron que “si bien reconoce[n] que ha habido avances importantes en la implementación
de estas medidas provisionales en aquellas cuestiones referidas a la infraestructura, el Estado
sigue sin cumplir varias de las medidas adoptadas” 74. No obstante, estimaron que “las
condiciones de riesgo que generaron el otorgamiento de las medidas provisionales […] se
mantienen”75. Por ello, solicitaron al Tribunal que mantenga la vigencia de las medidas “hasta
que se presente información clara de que el riesgo de daño irreparable ha cesado”. Asimismo,
en su escrito de 20 de mayo de 2022, las representantes alegaron que el flujo migratorio
aumentó en marzo y abril de 2022, y que las condiciones en la ERM de San Vicente “han
desmejorado gravemente, lo que demuestra que persiste el riesgo extremadamente grave y
urgente de daño irreparable a los derechos de los beneficiarios”.
B.3
Observaciones de la Comisión
24.
La Comisión notó “mejoras significativas en materia de infraestructura en la [ERM] de
Lajas Blancas con la construcción de alojamiento para cerca de 300 personas con la posibilidad
de mantener [la] unidad familiar y la disponibilidad de duchas, baños y lavaderos”. Igualmente,
en cuanto a la ERM de San Vicente, señaló que “ha representado un avance fundamental” y
destacó que el Estado indicó que “en ambos sitios se continúan realizando mejoras”. Sin
embargo, manifestó que “los alcances en los niveles de alojamiento [en las ERMs] podrían no
afirmaron que “existe una brecha en la protección de menores de 14 a 18 años y de adolescentes hombres, ya que]
ellos no pueden ingresar a estas casas de acogida temporales y no existe una solución o respuesta a ellos”.
73
Las representantes alegaron en la audiencia privada que “durante el año pasado, según información pública,
se identificaron alrededor o más de 300 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas en situación de movilidad.
Además, según la información obtenida por es[a] representación, en lo que va del año se han identificado más de 55
casos de violencia sexual”. Asimismo, indicaron que existen quejas de que se les ha exigido a mujeres supervivientes
presentar la denuncia ante el Ministerio Público previo a recibir la atención médica urgente. Además, alegaron que
“muchas [mujeres] optan por no denunciar frente a la exigencia de que permanezcan en Panamá mientras se realiza
el trámite de la denuncia y ante su necesidad de continuar el trayecto”.
74
En particular, manifestaron en la audiencia privada que “el Estado no ha demostrado la existencia de
protocolos para la adecuada atención de niños, niñas y adolescentes, y si los hubiera claramente no están socializados;
la existencia de opciones de acogida comunitaria para niños, niñas y adolescentes no acompañados o para familias;
que sea garantizado el principio de no devolución; [la falta de] mecanismos para determinar la existencia de
necesidades de protección especial; la adopción de medidas adecuadas y oportunas para garantizar la salud y el acceso
a la justicia de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual; la adopción de medidas para abordar la discriminación y
la xenofobia […]; la adopción de protocolos para la adecuada atención de salud mental; [la] vacunación contra el
COVID-19, y la existencia de protocolos claros para la detección y derivación de posibles casos de contagio”.
75
En la audiencia privada, las representantes alegaron que “[l]as estadísticas públicas del Servicio Nacional de
Migración muestran que en los primeros dos meses de[l 2022] a través de la frontera de Colombia y Panamá ingresó
un récord histórico de personas[, ya que] ingresaron 4442 personas en enero y 4014 personas en febrero, mientras
que […] el año pasado ingresaron tan solo 1071 y 1857 respectivamente”.
15