12.
Fundamentaron la referida solicitud en los siguientes hechos y argumentos:
a)
b)
c)
La víctima y su representante hicieron referencia al proceso mediante el
cual se determinaron los montos indemnizatorios a través de un laudo
arbitral, el cual fue pagado “a través de la ejecución de medidas de
embargo sobre cuentas bancarias y bienes inmuebles propiedad del
Estado”, todo lo cual fue valorado en la Resolución de supervisión de 2013
para determinar un cumplimiento parcial;
Con relación al extremo de la medida pendiente de cumplimiento (el
“eventual pago de los intereses restantes del daño material, en caso que
así correspondan”, refirieron que la liquidación de intereses presentada
por la víctima en octubre de 2012 fue “observada” por el Procurador
Público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en enero de 2013 24,
tras lo cual el Trigésimo Segundo Juzgado Civil de Lima decidió nombrar
peritos judiciales, estableció la metodología a ser observada en la pericia
y finalmente aprobó la liquidación realizada por dichos peritos judiciales
en mayo de 2014. Dicha liquidación también fue “observada” por el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien luego apeló la
resolución mediante la cual se declaró infundada la observación. Dicha
apelación fue resuelta a favor del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, anulándose la resolución que declaraba infundada la
“observación”, y
En tercer lugar, indicaron que en abril de 2016 el Tribunal Constitucional
hizo lugar al recurso de agravio constitucional interpuesto por el
Procurador Público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 25,
declarando la “nulidad de las resoluciones que concedieron [los]
embargos” que permitieron la liquidación del pago de la indemnización de
daño material a favor del señor Cesti Hurtado. En razón de lo anterior, la
víctima y su representante afirmaron que la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, al “dejar sin efecto las [resoluciones que concedieron los
embargos], y las posteriores a ellas, retrotraen la actividad procesal
desplegada por las partes en el proceso de ejecución forzada de[l] laudo,
en un lapso de 9 años, retardando aún más el cumplimiento por el Estado
de la sentencia de reparaciones de [la] Corte”, agregando que el proceso
de ejecución forzada del laudo lleva más de 14 años. Asimismo,
informaron que el 22 de abril de 2019 el Procurador Público del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos solicitó al Juzgado Trigésimo Segundo
Civil de Lima la “inmediata ejecución de la sentencia del Tribunal
Constitucional” y que la víctima devuelva lo que le fue pagado a través de
los embargos ejecutados a su favor, lo cual esta Corte “valoró [mediante
Resolución de supervisión de 2013] para resolver que, el Estado ha[bía]
dado cumplimiento parcial al pago de daño inmaterial” 26.
24
Refirieron que el motivo expresado por el Estado era “la aplicación de la tasa de interés, la cual
no cuenta […] con sustento normativo, asimismo la forma del cálculo, los procedimientos y las técnicas
no han sido […] expuestos ni explicados”.
25
La víctima y su representante indicaron que, inicialmente, el Procurador interpuso una demanda
de amparo, la cual fue declarada improcedente tanto por el Juzgado como por la Sala de la Corte Superior,
tras lo cual presentó el referido recurso de agravio, y precisaron que “[la víctima tomó] conocimiento de
modo oficioso de dicho proceso constitucional”.
26
En su escrito de solicitud de medidas provisionales, la víctima y su representante informaron
haber realizado varias gestiones en el ámbito interno contra la decisión de la Sala Primera del Tribunal
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