6 II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 4. Notificación a las representantes y al Estado. – El sometimiento del caso por parte de la Comisión fue notificado a las defensoras públicas interamericanas que actúan en representación de las presuntas víctimas4 el 30 de julio de 2015 y al Estado el 31 de julio de 2015. 5. Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. – El 5 de octubre de 2015 las representantes de las presuntas víctimas presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”). Las representantes coincidieron sustancialmente con los alegatos de la Comisión y solicitaron a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los mismos artículos alegados por la Comisión. Asimismo, las defensoras interamericanas hicieron solicitudes respecto a la utilización del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana (en adelante el “Fondo de Asistencia de la Corte” o el “Fondo”) “tanto para el abordaje específico de [la] defensa en el proceso internacional, como para los gastos que demande [su] intervención”. Finalmente, solicitaron a la Corte que ordenara al Estado la adopción de diversas medidas de reparación. 6. Escrito de contestación. – El 12 de enero de 2016 el Estado5 presentó ante la Corte su escrito de contestación al sometimiento e informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las representantes (en adelante “escrito de contestación”). En dicho escrito el Estado interpuso como excepción preliminar la alegada “falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna”. 7. Observaciones a la excepción preliminar. – El 28 de marzo de 2016 las representantes y la Comisión Interamericana presentaron, respectivamente, sus observaciones a la excepción preliminar opuesta por el Estado. 8. Audiencia Pública - Mediante Resolución de 20 de diciembre de 2016 6, el Presidente convocó a las partes y a la Comisión Interamericana a una audiencia pública para recibir sus alegatos y observaciones finales orales sobre la excepción preliminar y eventuales fondo, reparaciones y costas, así como para recibir las declaraciones de dos presuntas víctimas, de una testigo propuesta por el Estado y de una perita ofrecida por las representantes. Asimismo, el Presidente declaró procedente la aplicación del Fondo de Asistencia de la Corte para cubrir los gastos que ocasione la representación de las presuntas víctimas por parte de las defensoras interamericanas. La audiencia pública fue celebrada el 9 de febrero de 2017, durante el 117° Período Ordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en su sede7. En la audiencia se recibió la declaración de las presuntas 4 Luego de una comunicación remitida por la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte durante el examen preliminar del sometimiento del caso, el 22 de julio de 2015 las presuntas víctimas confirmaron que las señoras Gustava Soledad Aguilar Moraga y Johanny Elizabeth Castillo Sabarí continuarían actuando como defensoras públicas interamericanas para ejercer la representación legal de las presuntas víctimas en este caso en el trámite ante la Corte. 5 El Estado actuó inicialmente a través del señor Germán Saltrón Negretti, Agente del Estado para los Derechos Humanos. Posteriormente, el Estado designó como agente al señor Larry Devoe Márquez, y como agente alterno al señor Romer Pacheco Morales. 6 Cfr. Caso Ortiz Hernández Vs. Venezuela. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de 20 de diciembre de 2016. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/ortiz_20_12_16.pdf 7 A esta audiencia comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, y los abogados de la Secretaría Ejecutiva, Silvia Serrano Guzmán y Selene Soto Rodríguez; b) por las representantes de las presuntas víctimas: las señoras Gustava Soledad Aguilar Moraga y Johanny Elizabeth Castillo Sabarí, y c) por el Estado de Venezuela: los señores Larry Devoe Márquez, Agente del Estado ante el Sistema Internacional de los Derechos Humanos; Romer Pacheco Morales, Agente Alterno; Ana Beatriz Navarro, Directora de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, y Alexis Crespo Daza, Asesor.