INFORME No. 121/09
PETICIÓN 1186-04
ADMISIBILIDAD
OPARIO LEMOTH MORRIS Y OTROS (BUZOS MISKITOS)
HONDURAS
12 de noviembre de 2009
I.

RESUMEN

1.
El 5 de noviembre de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante "la Comisión Interamericana", "la Comisión" o "la CIDH") recibió una
denuncia presentada por la Asociación de Miskitos Hondureños de Buzos Lisiados (AMHBLI);
la Asociación de Mujeres Miskitas Miskitu Indian Mairin Asla Takanka (MIMAT) y el Consejo de
Ancianos Almuk Nani Asla Takanka, respectivamente representados por Arquímedes García
López, Cendela López Kilton y Bans López Solaisa, todos en representación del pueblo
indígena Miskitu, del departamento de Gracias a Dios (en adelante “los peticionarios”) 1, por
la responsabilidad internacional del Estado de Honduras (en adelante “Honduras”, “el Estado”
o “el Estado hondureño”), en perjuicio de los buzos del pueblo Miskitu que habita el
Departamento de Gracias a Dios y, en especial, respecto de 48 buzos individualizados (en
adelante las “presuntas víctimas” o los “buzos miskitos”).
2.
En la petición se alega que el Estado ha omitido supervisar las condiciones de
trabajo de las personas que se dedicaban y dedican a la pesca submarina en el departamento
de Gracias a Dios, quienes son objetos de explotación laboral, lo que ha causado una situación
de tal proporción y gravedad que pone en peligro la integridad del Pueblo Miskitu debido a
que, miles han sufrido discapacidades físicas severas e irreversibles y muchos han muerto.
Se alega que el Estado es responsable de violar los derechos fundamentales de los buzos
miembros del pueblo miskitu establecidos en los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (integridad
personal), 8.1 (garantía judicial), 17.1 (protección a la familia), 19 (derecho del niño), 24
(igualdad ante la ley), 25 (protección judicial) y 26 (desarrollo progresivo de los derechos
económicos, sociales y culturales), en concordancia con el artículo 1.1 y 2 todos de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención” o la
“Convención Americana”) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
“Sobre Pueblos indígenas y Tribales en Países Independientes” (en adelante “Convenio 169
de la OIT”). En relación con los requisitos de admisibilidad, expresan que no han tenido acceso
a los recursos de jurisdicción interna, en instancias administrativas y judiciales debido a su
condición de extrema pobreza y a la ausencia de mecanismos adecuados de parte del Estado.
Expresan que, en los casos en que han accedido a los recursos internos, éstos no fueron
expeditos ni efectivos configurándose un retardo injustificado para resolver las denuncias.
3.
Por su parte, el Estado manifiesta que cuenta con un sistema legal específico
de protección que regula las relaciones laborales entre patronos y trabajadores, los
procedimientos a seguir, las instituciones y el personal competente, para que las personas
dedicadas a la pesca submarina, exijan el respeto y cumplimiento de sus derechos. Además,
argumenta que los casos presentados por los afectados ante los órganos competentes, tanto
en la sede administrativa como en la judicial, no fueron concluidos por omisión y abandono

1 En nota de fecha 18 de diciembre de 2007 el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) fue acreditado
por los peticionarios como co peticionario.

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