personal (artículo 5), garantías judiciales (artículo 8), derecho a la igual protección ante la ley (artículo 24), derecho a la protección judicial (artículo 25), derecho al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 26), en concordancia con la obligación de respetar los derechos del artículo 1(1) de la Convención Americana. 3. El Estado responde a estas alegaciones mediante un informe sobre la aplicación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión a los beneficiarios, en el que argumenta que se habría atendido a las peticiones de las partes e insta a los peticionarios a continuar haciendo uso de los recursos jurídicos y políticos existentes en la jurisdicción interna hasta agotarlos. 4. Tras analizar las posiciones de las partes y el cumplimiento con los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto la Comisión declaró el caso admisible. La Comisión decidió notificar a las partes de esta decisión, publicarla e incluirla en el Informe Anual a la Asamblea de la OEA. II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN 5. La CIDH registró bajo el número P 642/03 la petición recibida el 26 de agosto de 2003, y tras realizar una análisis preliminar del contenido de la misma, el 21 de abril del 2004 procedió a transmitir copia de las partes pertinentes al Estado, con un plazo de dos meses para presentar información de conformidad con el artículo 30(3) del Reglamento. 6. En fecha 22 de junio de 2004, se recibió en la Comisión la respuesta presentada por el Estado, la cual fue debidamente transmitida a los peticionarios en fecha 7 de julio de 2004, otorgando un mes para que presenten las observaciones que consideren oportunas. En fecha 9 de agosto de 2004, los peticionarios solicitaron una prórroga de siete días para presentar sus observaciones, la cual fue concedida en la misma fecha. El 17 de agosto de 2004 los peticionarios presentaron sus observaciones a la respuesta del Estado. En nota del 4 de octubre de 2004, los peticionarios solicitaron la inclusión de diez personas portadoras del virus VIH/SIDA que también participaron en la interposición del recurso de amparo, por medio del cual los peticionarios alegan que agotaron los recursos internos en el presente caso. Dicha comunicación se transmitió al Estado para sus observaciones, las cuales fueron presentadas en nota del 4 de marzo de 2005. 2

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