2 8. Los escritos de 11 de junio de 2008, 3 de junio y 16 de junio de 2009 de los representantes de las víctimas (en adelante “los representantes”), mediante los cuales se refirieron al estado del cumplimiento de la Sentencia y solicitaron a la Corte la celebración de una audiencia. 9. La Resolución de 18 de diciembre de 2009 dictada por la Presidencia, mediante la cual convocó al Estado, a los representantes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) a una audiencia privada, con el propósito de que la Corte obtuviera información por parte del Estado sobre el cumplimiento de la Sentencia y escuchara las observaciones de la Comisión y de los representantes al respecto. 10. El escrito de los representantes de 21 de enero de 2010. 11. La audiencia privada celebrada en la sede de la Corte el día 29 de enero de 20101. 12. El escrito de los representantes de 2 de febrero de 2010, por medio del cual remitieron la versión escrita de los alegatos presentados en la audiencia privada. CONSIDERANDO QUE: 1. Es una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales de la Corte el supervisar el cumplimiento de sus decisiones. 2. Venezuela es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) desde el 9 de agosto de 1977 y reconoció la competencia obligatoria de la Corte el 24 de junio de 1981. 3. El artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que “[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Para ello, los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones2. 4. En virtud del carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte, según lo establecido en el artículo 67 de la Convención, éstas deben ser prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra. 5. La obligación de cumplir lo dispuesto en las sentencias del Tribunal corresponde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado esta Corte y lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, 1 De conformidad con el artículo 6.2 del Reglamento, la Corte celebró la audiencia con una comisión de jueces integrada por: Juez Manuel E. Ventura, Presidente en ejercicio, Jueza Margarette May Macaulay, Jueza Rhadys Abreu Blondet y Juez Eduardo Vio Grossi. A esta audiencia comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: Silvia Serrano y Lilly Ching, asesoras; b) por las víctimas y sus representantes: Marino Alvarado del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y Francisco Quintana del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y c) por el Estado: Germán Saltrón Negretti, Agente. 2 Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104, párr. 131; Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Supervisión de cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Presidenta de la Corte de 18 de diciembre de 2009, considerando tercero, y Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname. Supervisión de cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Presidenta de la Corte de 18 de diciembre de 2009, considerando tercero.

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