2
8.
Los escritos de 11 de junio de 2008, 3 de junio y 16 de junio de 2009 de
los representantes de las víctimas (en adelante “los representantes”), mediante
los cuales se refirieron al estado del cumplimiento de la Sentencia y solicitaron a
la Corte la celebración de una audiencia.
9.
La Resolución de 18 de diciembre de 2009 dictada por la Presidencia,
mediante la cual convocó al Estado, a los representantes y a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana”
o “la Comisión”) a una audiencia privada, con el propósito de que la Corte
obtuviera información por parte del Estado sobre el cumplimiento de la Sentencia
y escuchara las observaciones de la Comisión y de los representantes al respecto.
10.

El escrito de los representantes de 21 de enero de 2010.

11.
La audiencia privada celebrada en la sede de la Corte el día 29 de enero de
20101.
12.
El escrito de los representantes de 2 de febrero de 2010, por medio del
cual remitieron la versión escrita de los alegatos presentados en la audiencia
privada.
CONSIDERANDO QUE:
1.
Es una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales de la Corte el
supervisar el cumplimiento de sus decisiones.
2.
Venezuela es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) desde el 9
de agosto de 1977 y reconoció la competencia obligatoria de la Corte el 24 de
junio de 1981.
3.
El artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que “[l]os Estados
Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en
todo caso en que sean partes”. Para ello, los Estados deben asegurar la
implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones2.
4.
En virtud del carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte,
según lo establecido en el artículo 67 de la Convención, éstas deben ser
prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra.
5.
La obligación de cumplir lo dispuesto en las sentencias del Tribunal
corresponde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad
internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el
cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de
buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado esta Corte y lo dispone el
artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969,

1
De conformidad con el artículo 6.2 del Reglamento, la Corte celebró la audiencia con una
comisión de jueces integrada por: Juez Manuel E. Ventura, Presidente en ejercicio, Jueza Margarette
May Macaulay, Jueza Rhadys Abreu Blondet y Juez Eduardo Vio Grossi. A esta audiencia
comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: Silvia Serrano y Lilly Ching, asesoras; b) por las
víctimas y sus representantes: Marino Alvarado del Programa Venezolano de Educación-Acción en
Derechos Humanos (PROVEA) y Francisco Quintana del Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL), y c) por el Estado: Germán Saltrón Negretti, Agente.
2
Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de
2003. Serie C No. 104, párr. 131; Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Supervisión de
cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Presidenta de la Corte de 18 de diciembre de 2009,
considerando tercero, y Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname. Supervisión de cumplimiento
de Sentencia. Resolución de la Presidenta de la Corte de 18 de diciembre de 2009, considerando
tercero.

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