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4.

Los informes estatales de 17 de diciembre de 2015 y de 1 de agosto de 2016.

5.
Los escritos de observaciones a los informes estatales (supra Visto 4), presentados
por los representantes4 de las víctimas los días 18 de febrero5, 17 de marzo y 2 de
septiembre de 2016.
6.
Los escritos de observaciones a los informes estatales, presentados por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la “Comisión Interamericana” o la
“Comisión”) los días 11 de abril y 3 de octubre de 2016.
7.
La nota de la Secretaría de la Corte de 23 de febrero de 2017, por medio de la cual,
siguiendo instrucciones del Presidente, se solicitó a los representantes de las víctimas que,
a más tardar el 3 de marzo de 2017, “aclar[aran] si t[enían] alguna solicitud con respecto al
cumplimiento de la medida relativa al acto público de reconocimiento de responsabilidad
internacional” (infra Considerando 15), y la nota de la Secretaría de 7 de marzo de 2017 por
medio de la cual se les recordó sobre el vencimiento del plazo, y se les solicitó la remisión
de dicha información a la mayor brevedad posible.
CONSIDERANDO QUE:
1.
En el ejercicio de su función jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de sus
decisiones6, la Corte ha venido supervisando la ejecución de la Sentencia emitida en el
presente caso en octubre de 2014 (supra Visto 1 ). En la Sentencia, la Corte ordenó al
Estado las siguientes medidas de reparación: a) publicación de la Sentencia y su resumen
oficial y transmisión radial (infra Considerando 6); b) realizar un acto público de
reconocimiento de responsabilidad internacional (infra Considerando 12); c) demarcar las
tierras que corresponden a las comunidades Ipetí y Piriatí Emberá y titular las tierras Ipetí
como derecho a la propiedad colectiva de la comunidad Ipetí Emberá7; d) adoptar las
medidas necesarias para dejar sin efecto el título de propiedad privada otorgado al señor
C.C.M. dentro del territorio de la Comunidad Emberá de Piriatí 8; e) pagar las cantidades
fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones del daño material e inmaterial
(infra Considerando 19) y f) reintegro de costas y gastos (infra Considerando 19). En la
Sitton y Yoselyn Manzano, por la Autoridad Nacionales de Administración de Tierras; Mercedes Ochoa y Joana
Abrego, Asesora del Despacho Superior y Jefa de Asesoría Legal del Ministerio de Ambiente, respectivamente;
Aristides Valdonedo y Anaís Guerra, del Ministerio de Economía y Finanzas; Pavel Osorio, del Ministerio de
Relaciones Exteriores, y Salvador Sánchez, de la Presidencia de la República; b) por los representantes de las
víctimas del Pueblo Emberá de Bayano: Jeremías Cansari Cabrera, Cacique General del Congreso General de Alto
Bayano; Manuel A. Ruiz Bacorizo, Noko dirigente tradicional de la comunidad de Ipetí-Emberá; Abdiel Omi Chami,
Noko dirigente tradicional de la comunidad de Piriatí-Emberá; Bolívar Jaripio, ex Cacique Emberá de Alto Bayano, y
Héctor Huertas González, abogado representante; c) por los representantes de las víctimas del Pueblo Kuna de
Madungandí: Antonio Núñez, Secretario del Congreso Kuna de Madungandí; Otilio Matos López, Segundo Cacique
de la Comarca de Madungandí, y Alexis Oriel Alvarado Ávila, abogado representante, y d) por la Comisión
Interamericana: Erick Acuña, Asesor de la Secretaría.
4
Los representantes de las víctimas son Alexis Oriel Alvarado Ávila, por parte de la Comunidad Kuna de
Madungandí, y Héctor Huertas, por parte de la Comunidad Emberá de Bayano (del Centro de Asistencia Legal
Popular).
5
Los representantes presentaron dos escritos de observaciones al informe estatal de 17 de diciembre de
2015. Uno por parte de los representantes de las víctimas del Pueblo Emberá de Bayano y otro por parte de los
representantes de las víctimas del Pueblo Kuna de Madungandí.
6
Facultad que además se desprende de lo dispuesto en los artículos 33, 62.1, 62.3 y 65 de la Convención
Americana y 30 de su Estatuto y se encuentra regulada en el artículo 69 de su Reglamento.
7
Punto Resolutivo 12 de la Sentencia.
8
Punto Resolutivo 13 de la Sentencia.

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