29 TOTAL DE SOLICITUDES Comunidades Aborígenes Criollos 451 24 427 Tomando como referencia los datos del relevamiento realizado en el año 1984 y 1993 (Informe CFI y Ex Ministerio de Bienestar Social de la Provincia de Salta) entre el fiscal 55 y 14 figuran 471 puestos criollos y 36 comunidades aborígenes, por lo tanto: En base a estos datos el porcentaje de cumplimiento total sería del 88,95%. Para comunidades aborígenes implica un 66,66% (24/36) y para los criollos del 90,65% (427/471), considerando que todas las presentaciones sean válidas. Los pasos siguientes de la UEP una vez cerrada la recepción de las solicitudes serán los siguientes: - Análisis de cada una de las solicitudes presentadas, determinándose en cada caso si cumplen con los requisitos para acreditar sus derechos. - Informar periódicamente el avance de este proceso a todos los interesados. - Acuerdo de partes (con solicitudes que cumplen con los requisitos) - Identificación en cartografía de la localización de las familias criollas, zonas de uso tradicional de cada comunidad y zona de superposición de criollos y comunidades aborígenes. - Toda acción a hacer efectiva la propuesta de la Provincia, centralizando su objetivo en consolidar 114 el acuerdo de partes” . 103. El Gobierno Provincial adjuntó a este informe copias de varios documentos relevantes. En particular, copias de los formularios de las solicitudes de regularización de tierras presentadas por los habitantes de los Lotes Fiscales 55 y 14. Nota la CIDH que se elaboraron dos formularios distintos, uno para la población criolla y uno para la población indígena. En total se aportaron copias de 147 115 solicitudes, de las cuales 14 fueron presentadas por comunidades indígenas . 104. Mediante nota recibida el 7 de septiembre de 2006, el Gobierno Nacional presentó a la CIDH un borrador de propuesta alternativa para la distribución de las tierras fiscales de los lotes 14 y 55. La propuesta alternativa del Estado Nacional refleja la forma como las autoridades gubernamentales federales visualizaron y describieron el conflicto existente entre la Asociación Lhaka Honhat y las autoridades provinciales; igualmente, incluye información histórica, socioeconómica y contextual relevante para una adecuada comprensión de la situación. Esta propuesta alternativa, sin embargo, no fue implementada ni adoptada formalmente por las partes. 105. Mediante comunicación recibida el 15 de septiembre de 2006, los peticionarios describieron las acciones de implementación de la propuesta del Gobierno de Salta como “designadas a terminar de quebrar y dividir a la organización indígena”.Así mismo, se quejaron de la “absoluta discrecionalidad y arbitrariedad con la que se esta manipulando la entrega de tierras por parte del 116 gobierno provincial…” . 106. El 21 de octubre de 2006, la CIDH aprobó el Informe de Admisibilidad No. 78/06, en el cual declaró admisible la petición en cuanto se refiere a las presuntas violaciones de los derechos protegidos en los artículos 8(1), 13 en conexión con el 23, 21 y 25 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones generales consagradas en los artículos 1 y 2 de dicho instrumento. Al momento de caracterizar preliminarmente los hechos denunciados por los peticionarios, y delimitar el 114 Informe del Fiscal de Estado de la Provincia de Salta de fecha 18 de septiembre de 2006. Estas comunidades eran: (i) Las Mojarras, representada por el Sr. José García; (ii) Bella Vista, representada por el Sr. Galiano Basilio; (iii) El Pin Pin, representada por el Sr. Pascual Pastor, cacique; (iv) Pozo La China, representada por el Sr. Juan Negro; (v) Pozo El Toro, representada por los Sres. Brígido Pastor, cacique, y Eduardo Pastor; (vi) Pozo El Bravo, representada por el Sr. Carlos Jaime; (vii) Pozo El Toro, representada por el Sr. David Pastor; (viii) Madre Esperanza, representada por el Sr. Mario Raúl Menéndez; (ix) Molathati 3, representada por el Sr. Juan Nicacio Miranda; (x) Nueva Esperanza, representada por el Sr. Humberto Chene, cacique; (xi) San Luis, representada por el Sr. Andrés Amaya, cacique; (xii) Alto La Sierra, representada por la Asociación Wichí ‘Inhate”, y por su cacique David Maza; (xiii) Monte Carmelo, representada por el Sr. Francisco Gómez; y (xiv) La Merced Vieja, representada por el Sr. Luis Lescano, cacique. 115 116 Comunicación de los peticionarios a la CIDH, recibida el 15 de septiembre de 2006 y transmitida al Estado el 29 de septiembre de 2006.