el juez incurrió en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público porque tenía el deber de controlar la prueba, la labor de los fiscales de grado y la actuación de la policía. 17. Agregó que mientras se encontraba privado de libertad intentó en diversas ocasiones obtener el beneficio de excarcelación, sin embargo le fue negado porque el artículo 10 de la ley 24.390 niega este beneficio a las personas acusadas de tenencia y tráfico de estupefacientes, como era su caso. Indicó que incluso atacó la constitucionalidad de la norma, sin embargo su acción no tuvo éxito y se confirmó la validez de dicha disposición. 18. Indicó que promovió un proceso contencioso administrativo con el fin de obtener una compensación por el tiempo que permaneció ilegítimamente privado de libertad. Señaló que esta acción fue declarada sin lugar por medio de decisiones que calificó de arbitrarias. 19. Argumentó que a raíz de su búsqueda de justicia sufrió amenazas y que uno de los clientes de su despacho profesional fue amenazado en plena calle por dos personas que le indicaron que dejara de apoyar al “loquito de Jenkins” y le aconsejaron que no se metiera con la “familia judicial”. Indicó que esta situación nunca fue investigada. 20. En cuanto al derecho, el peticionario argumentó que se violó el derecho a la libertad personal y a las garantías judiciales porque fue sometido a un proceso arbitrario donde se violó recurrentemente su derecho de defensa en juicio, negándose a proveer pruebas solicitadas por la defensa y negando la libertad sin condicionarla a fines procesales. Agregó que su privación de libertad desde el 8 de junio de 1994 hasta el 19 de noviembre de 1997 es una violación del plazo razonable de la detención. 21. Alegó que el Estado también violó el derecho a las garantías judiciales y, en particular, el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 8.2 de la Convención Americana pues al utilizar la prisión preventiva sin fines procesales el Estado argentino transformó dicha medida en un mecanismo punitivo contra una persona cuya responsabilidad no había sido establecida y que luego fue declarada inocente. 22. Agregó que el Estado incumplió con su deber de debida diligencia por la falta de investigación y sanción de todos los funcionarios involucrados en la incorporación de pruebas adulteradas en el proceso penal en su contra. Al respecto, señaló los siguientes aspectos que calificó como “anomalías” del proceso: i) el principal Salomone de la Policía Federal, quien transcribió el acta pública de fs. 1099, afirmó que existe una conversación de su persona con el principal imputado, que corrobora su participación en operaciones de narcotráfico; ii) el Comisario Jorge Palacios que también firma el acta de fs. 1099 corroboró lo que afirmó el principal Salomone; iii) los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia utilizaron esta prueba falsa para negar su excarcelación y solicitar su elevación a juicio; iv) el Juez de Instrucción Juan José Galeano avaló toda esta situación. 23. Argumentó que el Estado violó su derecho de igualdad ante la ley porque el artículo 10 de la ley 24.390 niega el beneficio de excarcelación previsto en el artículo 1 de la misma ley a las personas acusadas de narcotráfico. Indicó que este artículo le impidió acceder a salvaguardas que aplican a otras personas. 24. Agregó que también se violó el derecho a la protección judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana porque el peticionario no contó con un recurso efectivo para ampararse contra actos que violen sus derechos fundamentales. En particular, su solicitud de beneficio de excarcelación y recurso de inconstitucionalidad fueron declarados sin lugar. Además, indicó que presentó otra solicitud para ejercer la defensa del debate del juicio sin estar privado de libertad, sin embargo el Tribunal Oral nunca resolvió dicho recurso. 25. Indicó que el 25 de septiembre de 1997 se agotaron sin éxito los recursos disponibles para lograr el beneficio de excarcelación previsto en el artículo 1 de la ley 24.390 y la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 10 de dicha norma. 3