2 La Comisión ha designado al Comisionado Rodrigo Escobar Gil y al Secretario Ejecutivo de la CIDH Santiago A. Canton, como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y Silvia Serrano Guzmán, abogada de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesoras legales. De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del informe 136/11 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración del informe 136/11 (Anexos). Dicho informe de fondo fue notificado al Estado de Bolivia mediante comunicación de 21 de noviembre de 2011, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El Estado boliviano solicitó una primera prórroga a la Comisión Interamericana a fin de informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. La Comisión otorgó una prórroga dentro del plazo de tres meses establecido en el artículo 51 de la Convención Americana y le solicitó al Estado la presentación de su informe el 9 de febrero de 2012. En la fecha requerida, la Comisión recibió el informe del Estado. La Comisión somete el presente caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas ante la falta de avance en el cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado de Bolivia, el cual no solicitó una prórroga para tal fin. Específicamente, sobre la recomendación de disponer una reparación integral a favor de los miembros de la familia Pacheco Tineo por las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe, el Estado informó sobre medidas iniciales como “gestiones diplomáticas y consulares” para tomar contacto con la familia Pacheco Tineo. La Comisión no cuenta con información sobre los resultados de estas gestiones ni sobre propuestas concretas en materia de reparación. En cuanto a la recomendación de disponer las medidas administrativas, disciplinarias o de otra índole frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que participaron en las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe, el Estado indicó que de conformidad con la legislación interna aplicable, las posibles faltas administrativas cometidas en el presente caso se encuentran prescritas, por lo que esta recomendación resulta de imposible cumplimiento. Respecto de la recomendación de adoptar medidas de no repetición que incluyan, entre otras, capacitación a funcionarios a cargo de los procedimientos migratorios que puedan resultar en la deportación o expulsión de migrantes, así como procedimientos para la determinación del estatuto de refugiados, el Estado señaló que se remitió una “instructiva” disponiendo que el personal de migración debe cumplir las disposiciones previstas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. Además, indicó que en la actualidad se realizan talleres de actualización sobre diferentes temáticas. Al respecto, la Comisión considera que la información aportada no resulta suficiente para considerar que el Estado ha dado cumplimiento efectivo a las medidas de no repetición recomendadas. Así por ejemplo, las temáticas sobre las cuales se están llevando a cabo capacitaciones, no parecen estar directamente vinculadas con las violaciones ocurridas en el presente caso, cuyo núcleo central son los estándares aplicables a los procesos de reconocimiento del estatuto de los refugiados, así como la garantía de no devolución.