A. Posición de los peticionarios 6. Los peticionarios señalan que el 20 de junio de 1998 la niña TGGL, entonces de tres años de edad, ingresó al Hospital Universitario Católico en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay donde permaneció dos días tras lo cual fue trasladada a la Clínica Humanitaria Fundación Pablo Jaramillo Crespo. Señalan que allí fue diagnosticada con “enfermedad púrpura trombositopénica” y que requería de una transfusión de sangre de urgencia por lo que se acudió a la Cruz Roja Provincial de la ciudad de Cuenca para solicitar dos pintas de sangre ORH positivo y dos plaquetas. La sangre –proveniente de los donantes HS y LN— fue donada en la Cruz Roja Provincial del Azuay; fue entregada a la Clínica Humanitaria el 22 de junio de 1998, aproximadamente a las 8:00 PM; y suministrada a la niña ese mismo día a las 9:00 PM. 7. Los peticionarios alegan que practicada ya la transfusión de sangre a la niña TGGL, se efectuó una examen de VIH/SIDA al donante HS, con resultado positivo 2. Consecuentemente el 27 de junio de 1998, el director del Banco de Sangre de la Cruz Roja Provincial del Azuay ordenó practicar un examen de VIH/SIDA a la niña TGGL, el cual estableció que se encontraba infectada con el virus3. Los peticionarios señalan que se le practicaron también exámenes ginecológicos a fin de descartar otras posibles vías de contagio. 8. Alegan que la madre de TGGL interpuso una serie de recursos a fin de establecer la responsabilidad penal de los funcionarios de la Cruz Roja Provincial del Azuay y obtener compensación por daños y perjuicios. Concretamente el 29 de septiembre de 1998 se radicó una denuncia ante el Juzgado Cuarto de lo Penal del Azuay, el cual el 19 de octubre de 1998 dictó Auto Cabeza de Proceso. Tras concluir la indagatoria se dictó auto de sobreseimiento provisional, el cual fue revocado por la Corte Superior de Justicia del Azuay 4. Con la reapertura del sumario se incorporó el informe pericial practicado por el Laboratorio de Virología Clínica y Epidemiología de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, el cual concluyó que “[e]l VIH solamente podría haber pasado a la niña [TGGL] […] desde la persona señalada como [HS] siguiendo dos vías: por transmisión sexual o por transfusión de productos sanguíneos contaminados, procedentes de esta persona. Si las investigaciones del Juicio hubiesen excluido la transmisión sexual necesariamente debe concluirse desde el punto de vista de la lógica médica, que la única vía de propagación del VIH hacia la niña [TGGL] es la transfusión sanguínea”5. 9. Los peticionarios indican que tras la etapa del sumario, el 23 de septiembre de 2001 el Fiscal del Distrito del Azuay formuló acusación y dictó orden de prisión preventiva contra Mariana de Jesús Ramírez Ramírez como presunta autora del delito tipificado en el artículo 436 del Código Penal6 y contra los doctores Monsalve Toral y Orellana Quezada como presuntos culpables del delito de encubrimiento. El 29 de octubre de 2001 el Juzgado Cuarto de lo Penal del Azuay dictó auto de llamamiento a juicio con fundamento en que “se ha probado la existencia de la infracción, como es el contagio del SIDA a la [niña TGGL], [que] el 22 de junio de 1998 la [niña] recibió transfusión de plaquetas elaboradas con sangre fresca de los donantes de ese día, entre quienes estaba [HS], que se encontraba infectado [y que] […] se ha demostrado que Mariana Ramírez elaboró y suministró las plaquetas, demostrando 2 Los peticionarios hacen referencia al resultado de la prueba de determinación de anticuerpos para VIH “microelisa” practicado a HS, el cual dio como resultado: “doblemente reactivo”. Anexo a la petición original recibida por la CIDH el 26 de junio de 2006. 3 Los peticionarios hacen referencia al resultado de la prueba de determinación de anticuerpos para VIH “microelisa” practicado a la niña TGGL, el cual dio como resultado: “doblemente reactivo”. Anexo a la petición original recibida por la CIDH el 26 de junio de 2006. 4 Los peticionarios señalan que la revocatoria del auto de sobreseimiento provisional se dio a solicitud del Ministro Fiscal del Azuay. Petición original recibida por la CIDH el 26 de junio de 2006. 5 Los peticionarios hacen referencia al informe pericial de los doctores Juan Peralvo Román y Nardo Vivar Idrovo, 9 de marzo de 2001. Anexo a la petición original recibida por la CIDH el 26 de junio de 2006. 6 Los peticionarios hacen referencia al artículo 436 del Código Penal: “Los médicos, boticarios, o cualquier persona que, por falta de precaución o de cuidado, recetaren, despacharen o suministraren medicamentos que comprometan gravemente la salud, serán reprimidos con prisión de seis meses a un año; si hubieren causado enfermedad que parezca o fuere incurable, la prisión será de uno a tres años; y en caso de haber producido la muerte, la prisión será de tres a cinco años”. Dictamen del Fiscal del Distrito del Azuay, Causa Penal No. 257-98, 23 de septiembre de 2001. 2

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