6 • Raúl Hilario Guillén, niño de 8 meses de edad. • Roxana Osnayo Hilario, niña de apenas 8 meses de edad. • Helihoref Huamaní Vergara. Pastor de 21 años de edad, ex recluta del Ejército11.” 11. Si bien no se logró identificar los restos de todas las personas ejecutadas en la mina “Misteriosa”, es razonable concluir que se trataba de las 15 personas detenidas (14 en el pueblo y una en el camino) a las que se obligó a entrar en la mina y que a continuación fueron masacradas por ráfagas de FAL. Las explosiones de dinamita que siguieron fueron los primeros intentos de borrar las huellas de la masacre. Todo ello es, sin duda, macabro, como declaró uno de los familiares, pero es la triste realidad. 12. Conclusión.- La principal conclusión de hecho pertinente para el presente voto es que el día 4 de julio de 1991 fallecieron las 15 personas detenidas. En la sentencia se analizan las fallas y demoras de los procedimientos encaminados a identificar los restos mediante examen de ADN y otras técnicas contemporáneas, pero – aparte de que el estado y la dispersión de dichos restos tornan sumamente difícil la identificación – este factor no altera la situación real y jurídica de esas 15 personas, que perdieron su vida el 4 de julio de 1991. II. CALIFICACIÓN JURÍDICA: EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL MASIVA (MASACRE), Y NO DESAPARICIÓN FORZADA 13. La sentencia, coincidiendo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la posición de los representantes de las víctimas, ha calificado a los hechos del caso como desaparición forzada de personas, y consiguientemente ha entendido que es aplicable al caso la Convención Interamericana en la materia, que ni siquiera existía en la fecha en que los 14 detenidos de la Comunidad Campesina Santa Bárbara fueron matados. En efecto, dicha Convención fue adoptada en Belém do Pará el 9 de junio de 1994, y fue ratificada por el Perú el 8 de febrero de 2002 (instrumento de ratificación depositado el 13 de febrero de 2002). 14. En cambio, la calificación hecha en la sentencia es distinta de la que han hecho los propios familiares de los ejecutados 12, luego de los primeros días (sentencia, párrs. 95 y 96) en que aún no habían recibido la información completa sobre la masacre (palabra que el Informe de la CVR incluye en el título del capítulo correspondiente y reitera otras nueve veces en su texto), así como las autoridades peruanas, tanto en la jurisdicción penal13 como en la justicia ordinaria14. También es distinta de la hecha por 11 Informe de la CVR, tomo VII, pág. 536. Informe de la CVR, tomo VII, Sección cuarta: los crímenes y violaciones de los derechos humanos, Capítulo 2, págs. 538 (Zósimo Hilario Quispe, 29 de noviembre de 1991, “delitos contra la vida, el cuerpo y la salud (Homicidio)”; Sentencia, párrs. 97 y 98, (Viviano Hilario Mancha, 12 de julio de 1991, “delito de homicidio”), y Sentencia, párr. 100 (Nicolás Hilario Morán, Presidente del Consejo de Administración de la comunidad campesina de Santa Bárbara, y Máximo Pérez Torres, Tesorero de la Agencia Municipal de la misma comunidad, 17 de julio de 1991, “homicidio”). 13 Informe de la CVR, tomo VII, págs. 538 (Fiscalía Provincial de Huancavelica, “delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de Genocidio”, así como contra el patrimonio, contra la administración pública y contra la administración de justicia, y en un caso por delito contra la libertad – violación de la libertad sexual); pág. 539 (Auditor de la 2da. Zona Judicial del Ejército, en que se sostiene que hubo “homicidio calificado, abuso de autoridad, negligencia, exacciones y robos, contra el deber y la dignidad de la función y violación sexual”, y “se admite que la masacre de los pobladores se produjo a manos de los militares al mando del Teniente Inf. EP Javier Bendezú Vargas y tipificando como homicidio calificado el delito cometido por dicho oficial”); pág. 541 (Ministerio Público de Huancavelica, ampliación de denuncia para incluir a varios militares como “coautores intelectuales de la masacre” por ser “jefes responsables de 12