Por otra parte, la Comisión observó, con base en la información que no fue controvertida por el Estado, que
agentes militares allanaron sin ninguna orden judicial los domicilios de i) Herminio Deras; ii) los padres del
señor Deras; y iii) dos domicilios de sus familiares en la ciudad de El Progreso. Asimismo, agentes militares
detuvieron a i) Irma Isabel Deras luego de haber sido allanado su domicilio; ii) Otilia Flores y Elba Flores luego
de haber sido allanado su domicilio; iii) Luis Rolando Deras; y iv) varios familiares del señor Deras en junio de
1984. La CIDH notó que las detenciones se efectuaron sin una orden judicial y sin que pueda afirmarse la
existencia de una situación de flagrancia. Por el contrario, la Comisión toma nota de que éstas se realizaron
luego de haberse efectuado un allanamiento arbitrario en diversos domicilios de los familiares del señor Deras.
. Asimismo, en el marco de estos hechos, la Comisión observó que algunos de los familiares del señor eran niños
o niñas. Además, de acuerdo con la información aportada por la peticionaria y no desvirtuada por el Estado, en
el marco de los anteriores hechos, varios familiares fueron objetos de golpes y maltratos por agentes militares.
En vista de lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado de Honduras violó los derechos a la integridad
personal, libertad personal, vida privada, y los derechos del niño, consagrados respectivamente en los artículos
5, 7, 11 y 19 de la Convención Americana en relación con su artículo 1.1 de dicho instrumento en perjuicio de
familiares del señor Deras.
La Comisión concluyó que la salida del país del hermano del señor Deras y la imposibilidad de regresar a
Honduras de la hermana, se debieron a la falta de investigación y ausencia de medidas efectivas de protección
respecto de los hechos de violencia, amenazas y hostigamientos contra la familia. Con base en ello, consideró
que el Estado es responsable por la violación del derecho de circulación y de residencia, protegido en el artículo
22.1 de la Convención Americana, en relación con su artículo 1.1, en perjuicio de Héctor y Alba Luz Deras.
Por último, la Comisión concluyó que el proceso penal no fue llevado a cabo con la debida diligencia ni
en un plazo razonable y que la responsabilidad penal del agente Marco Tulio Regalado fue establecida en el
marco de un proceso con diversas omisiones e irregularidades, sin que la familia de la víctima hubiera contado
con un esclarecimiento total de los hechos ni la determinación de todas las responsabilidades. Por este motivo,
la Comisión consideró que a la fecha se mantiene una situación de impunidad por lo que el Estado vulneró los
derechos a las garantías judiciales y protección judicial conforme a los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención
Americana, así como el derecho a la integridad personal establecido en el artículo 5.1. de la Convención, todos
en relación con su artículo 1.1, en perjuicio de los familiares del señor Deras.
El Estado de Honduras depositó el instrumento de ratificación de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos el 8 de septiembre de 1977 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 9 de
septiembre de 1981.
La Comisión ha designado al Comisionado Joel Hernández García y al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão,
como sus delegados. Asimismo, Marisol Blanchard Vera, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Jorge Humberto Meza
Flores y Erick Acuña, especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesora y asesores
legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta
copia del Informe de Fondo No. 158/19 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como
copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la
elaboración del informe 158/19 (Anexos).
Dicho Informe de Fondo fue notificado al Estado el 20 de noviembre de 2019, otorgándole un plazo de
dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Tras el otorgamiento por parte de la
CIDH de dos prórrogas de tres meses cada una, el 5 de agosto de 2020 el Estado envío un informe indicando su
intención de llegar a un acuerdo de cumplimiento. Sin embargo, el Estado no solicitó la suspensión del plazo
para el sometimiento del caso a la Corte Interamericana. Con base en ello, la Comisión Interamericana decidió
someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte.

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