La Comisión ha designado al Comisionado Joel Hernández y al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão, como sus Delegados. Asimismo, Christian González Chacón, abogado de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuará como Asesor Legal. De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del Informe Nº 159/18 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración del Informe Nº 159/18 (Anexos). Dicho informe de fondo fue notificado al Estado de Perú mediante comunicación de 6 de febrero de 2019, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 6 de mayo de 2019 la CIDH concedió una prórroga de tres meses al Estado para que contara con un plazo adicional para cumplir con las recomendaciones del Informe de Fondo. En su último informe y segunda solicitud de prórroga, el Estado expresó que aún no se encontraba en condiciones de cumplir con las recomendaciones relacionadas con la reincorporación de las víctimas a su cargo, así como reparaciones integrales dado que su implementación dependía en gran parte de la conformación de la Junta Nacional de Justicia, que se encuentra en proceso de selección, el cual finalizaría en diciembre de 2019. El Estado no expresó clara voluntad de cumplimiento de las recomendaciones, pues supeditó el cumplimiento de las mismas a lo que decida la Junta de Nacional de Justicia, ni refirió concretamente en que momento, luego de su integración, dicha Junta estaría en capacidad de rendir su opinión sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo. En vista de lo anterior, la CIDH decidió no otorgar la segunda prórroga solicitada y someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana por la necesidad de obtención de justicia para la víctima. La Comisión Interamericana somete a la jurisdicción de la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe de Fondo Nº 159/18. En ese sentido, la CIDH solicita a la Corte que concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado de Perú por la violación de los derechos a las garantías judiciales, principio de legalidad y a la protección judicial, consagrados en los artículos 8.1, 8.2 b), 8.2 c), 8.2 h) 9, 23.1 c) y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Jorge Luis Cuya Lavy, Jean Aubert Díaz Alvarado, Marta Silvana Rodríguez Ricse y Walter Antonio Valenzuela Cerna. Asimismo, la Comisión solicita a la Corte que establezca las siguientes medidas de reparación: 1. Reincorporar a las víctimas en un cargo similar al que desempeñaban, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparable al que les correspondería el día de hoy si no hubieran sido cesadas. En caso de que esta no sea la voluntad de las víctimas o que existan razones objetivas que impidan la reincorporación, el Estado deberá pagar una indemnización por este motivo, que es independiente de las reparaciones relativas al daño material y moral incluidas en la recomendación número dos. 2. Reparar integralmente las consecuencias de las violaciones declaradas en el presente informe, incluyendo tanto el daño material como el daño inmaterial. 3. Adoptar medidas de no repetición necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares. En particular, asegurar la aplicación de las reglas del debido proceso en el marco de procesos de evaluación y ratificación de jueces y fiscales, disponiendo de las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar que los referidos procesos cumplan con los estándares descritos en el informe. En particular, el Estado deberá efectuar las modificaciones legislativas y de práctica necesarias para: i) asegurar que los procesos de evaluación y ratificación de jueces y fiscales obedezcan a un control jurídico y no constituyan un voto de confianza; ii) regular debidamente las faltas cometidas que dan lugar a la no ratificación de un juez o fiscal, con base en criterios objetivos y de manera proporcional; iii) permitir que los jueces

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