La Comisión consideró que, si bien el Estado adoptó medidas materiales de protección física a favor de integrantes
del CAJAR, tales medidas evaluadas a la par de un contexto de falta de esclarecimiento e impunidad total de los hechos
denunciados, de labores arbitrarias de inteligencia y seguimiento, así como de pronunciamientos estigmatizantes por parte
de altos funcionarios, resultaban manifiestamente insuficientes para acreditar que el Estado cumpliera su deber de
protección. Por el contrario, todas las acciones descritas constituyen una violación al deber de respeto, al haberse hecho
parte el propio Estado del riesgo enfrentado por el CAJAR, así como al mostrarse tolerante y aquiescente respecto de los
hechos en su contra.
En esas circunstancias, la Comisión concluyó que tales acciones y omisiones de parte del Estado afectaron las
actividades regulares de la organización, y se tradujeron generaron un efecto amedrentador para que los integrantes del
CAJAR ejercieran su libertad de expresión y asociación en sus labores de defensa de los derechos humanos.
La Comisión notó que el Estado no realizó una investigación seria y exhaustiva encaminada al conocimiento de la
verdad sobre los hechos, a la individualización de los responsables, a desentrañar las fuentes de riesgo que enfrentaba el
CAJAR mediante investigaciones diligentes en conjunto y tomando en cuenta el contexto y a imponer las sanciones
respectivas. Así, la Comisión consideró que el Estado no ha proporcionado a las víctimas un recurso idóneo para atender sus
reclamaciones relacionadas con el acceso a la información de la base de datos de inteligencia militar. Finalmente, la situación
vivida por las víctimas generó gran inseguridad y un temor fundado, lo cual provocó el exilio de varios miembros del CAJAR
junto con sus respectivas familias, que tenían entre sus integrantes a sus hijos, menores de edad.
Con base en lo anterior, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado de Colombia es responsable por la
violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, protección de la honra y dignidad, libertad de
expresión, libertad de asociación, derechos del niño, circulación y residencia, y protección judicial, establecidos en los
artículos 4.1, 5.1, 8.1, 11, 13.1, 16.1, 19, 22.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas
en el artículo 1.1 del mismo instrumento.
El Estado de Colombia ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 31 de julio de 1973 y aceptó la
competencia contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985.
La Comisión ha designado a la Comisionada Antonia Urrejola, al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão y al Relator Especial
para la Libertad de Expresión Edison Lanza como su delegada y delegados. Asimismo, Marisol Blanchard, Secretaria Ejecutiva
Adjunta, Jorge Humberto Meza Flores, Erick Acuña Pereda y Cecilia La Hoz, especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH,
actuarán como asesoras y asesores legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del Informe
de Fondo No. 57/19 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del expediente
ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración de dicho informe (Anexos). El Informe
de Fondo fue notificado al Estado de Colombia mediante comunicación de 8 de octubre de 2019 otorgándole un plazo de dos
meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Luego de que la CIDH otorgara dos prórrogas al Estado
colombiano, éste solicitó una tercera prórroga y no presentó información sustantiva que revelara avances relevantes en el
cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el mismo. Asimismo, la Comisión notó con preocupación la información
aportada por los peticionarios que denunciaba la posible continuidad de actividades de inteligencia en contra de integrantes
del CAJAR.
En consecuencia, la Comisión decidió no otorgar una nueva prórroga y someter el presente caso a la jurisdicción de
la Corte Interamericana por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas. La Comisión Interamericana somete a la
jurisdicción de la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe de Fondo No.
57/19.

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