La Comisión consideró que, si bien el Estado adoptó medidas materiales de protección física a favor de integrantes del CAJAR, tales medidas evaluadas a la par de un contexto de falta de esclarecimiento e impunidad total de los hechos denunciados, de labores arbitrarias de inteligencia y seguimiento, así como de pronunciamientos estigmatizantes por parte de altos funcionarios, resultaban manifiestamente insuficientes para acreditar que el Estado cumpliera su deber de protección. Por el contrario, todas las acciones descritas constituyen una violación al deber de respeto, al haberse hecho parte el propio Estado del riesgo enfrentado por el CAJAR, así como al mostrarse tolerante y aquiescente respecto de los hechos en su contra. En esas circunstancias, la Comisión concluyó que tales acciones y omisiones de parte del Estado afectaron las actividades regulares de la organización, y se tradujeron generaron un efecto amedrentador para que los integrantes del CAJAR ejercieran su libertad de expresión y asociación en sus labores de defensa de los derechos humanos. La Comisión notó que el Estado no realizó una investigación seria y exhaustiva encaminada al conocimiento de la verdad sobre los hechos, a la individualización de los responsables, a desentrañar las fuentes de riesgo que enfrentaba el CAJAR mediante investigaciones diligentes en conjunto y tomando en cuenta el contexto y a imponer las sanciones respectivas. Así, la Comisión consideró que el Estado no ha proporcionado a las víctimas un recurso idóneo para atender sus reclamaciones relacionadas con el acceso a la información de la base de datos de inteligencia militar. Finalmente, la situación vivida por las víctimas generó gran inseguridad y un temor fundado, lo cual provocó el exilio de varios miembros del CAJAR junto con sus respectivas familias, que tenían entre sus integrantes a sus hijos, menores de edad. Con base en lo anterior, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado de Colombia es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, protección de la honra y dignidad, libertad de expresión, libertad de asociación, derechos del niño, circulación y residencia, y protección judicial, establecidos en los artículos 4.1, 5.1, 8.1, 11, 13.1, 16.1, 19, 22.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento. El Estado de Colombia ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 31 de julio de 1973 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985. La Comisión ha designado a la Comisionada Antonia Urrejola, al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão y al Relator Especial para la Libertad de Expresión Edison Lanza como su delegada y delegados. Asimismo, Marisol Blanchard, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Jorge Humberto Meza Flores, Erick Acuña Pereda y Cecilia La Hoz, especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesoras y asesores legales. De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del Informe de Fondo No. 57/19 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración de dicho informe (Anexos). El Informe de Fondo fue notificado al Estado de Colombia mediante comunicación de 8 de octubre de 2019 otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Luego de que la CIDH otorgara dos prórrogas al Estado colombiano, éste solicitó una tercera prórroga y no presentó información sustantiva que revelara avances relevantes en el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el mismo. Asimismo, la Comisión notó con preocupación la información aportada por los peticionarios que denunciaba la posible continuidad de actividades de inteligencia en contra de integrantes del CAJAR. En consecuencia, la Comisión decidió no otorgar una nueva prórroga y someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas. La Comisión Interamericana somete a la jurisdicción de la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe de Fondo No. 57/19.

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