33 proyectiles encontrados en los cuerpos de las víctimas y e) procurar la ampliación de la declaración testifical de la señora Liliana Ortega Alvarado. A principios del año 2005, más de nueve años después de los hechos, el proceso penal seguía en la etapa de sumario. 79.45. El 16 de mayo de 2002 la Corte Suprema de Honduras solicitó ad efectum videndi al Juzgado que remitiera la causa instruida por el delito de homicidio en perjuicio de Marco Antonio Servellón García y otros, en atención a la solicitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras para que la Corte Suprema emitiera un análisis sobre “retardo injustificado de justicia” en la referida causa38. 79.46. El 12 de agosto de 2002 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia constató que: “1. Las presentes diligencias de investigación se [encontraban] todavía en etapa sumarial o instrucción, [la que de conformidad a la legislación] no [puede exceder] de tres meses. 2. [Que] dentro de las diligencias ordenadas por el Juez instructor están: identificación de archivos, nombramientos, causa de altas y bajas de algunos tenientes y agentes, sin que hayan ejecutado tales requerimientos por autoridad responsable obligada a suministrar las informaciones requeridas [y que al] Juez responsable de la investigación no puede[n] pasar desapercibid[as] tales negligencias [...]. 3. Los niveles de investigación hasta ahora practicadas [...] no han sido efectivos, ya que no han logrado cumplir con el objetivo de la etapa sumarial en el proceso[,] que es la práctica de diligencias con el objeto de comprobar el cuerpo del delito, descubrimiento a sus autores o partícipes, conocer su personalidad y averiguar [la] naturaleza y cuantía de los daños”39. 79.47. El 14 de enero de 2005 el Ministerio Público solicitó nuevamente que se libraran las correspondientes órdenes de captura en contra de David Abraham Mendoza, Marco Tulio Regalado Hernández, José Alberto Alfaro Martínez, José Antonio Martínez Arrazola y Roxana Sierra Ramírez40. El 9 de febrero de 2005, más de nueve años después de las ejecuciones extrajudiciales, el Juzgado resolvió “ordenar la inmediata captura de los señores José Alberto Alfaro Martínez y Víctor Hugo Vivas Lozano, por suponerlos responsables de haber cometido los delitos de Tortura[…] y Asesinato, en perjuicio de Orlando Álvarez Ríos, Rony Alexis Betancourth [Vásquez], Marco Antonio Servellón García y Diomedes Obed García Sánchez y [...] la inmediata captura de la señora Roxana Sierra Ramírez, por suponerla responsable de haber cometido el delito de Detención Ilegal [...]”41. El Ministerio Público recurrió de dicha decisión, porque ordenaba la captura sólo de algunos de los acusados por la muerte de las víctimas42. 38 Cfr. oficio de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia dirigido al Juzgado de Letras Primero de lo Criminal, de 21 de mayo de 2002 (expediente de anexos a la demanda, anexo 4, tomo II, folio 1433). 39 Cfr. oficio de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia dirigido al Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, de 21 de agosto de 2002 (expediente de anexos a la demanda, anexo 4, tomo II, folio 1433). 40 Cfr. libelo de la abogada Tania Fiallos Rivera, Fiscal del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos, dirigido al Juez de Letras Penal de Tegucigalpa, de 14 de enero de 2005 (expediente de anexos de prueba para mejor resolver, folios 2317 a 2325). 41 Cfr. auto resolutivo del Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, de 9 de febrero de 2005 (expediente de anexos de prueba para mejor resolver, folios 2327 a 2334). 42 Cfr. auto de notificación de la abogada Tania Fiallos Rivera, interponiendo recurso de reposición y apelación en subsidio en contra de la resolución del juzgado de 9 de febrero de 2005, de 16 de febrero de 2005. (expediente de anexos a la contestación de la demanda, folio 2359); y auto del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, de 17 de febrero del 2005 (expediente de anexos de prueba para mejor resolver, folio 2363).