41 100. Al respecto, en la declaración rendida por Marvin Rafael Díaz en el Juzgado de Paz Segundo de lo Criminal el 19 de marzo de 1996, éste manifestó que “el teniente Alfaro […] dijo, [‘]a estos déjenmelos aparte[´], los cuatro que aparecieron muertos el día domingo diecisiete de [s]eptiembre de[1995]; y pud[o] observar que los amarró con unos lazos que éste tenía, y vi[ó] que DIOMEDES lloraba[. Estuvieron] pegados a un Pley wod [(sic)], viendo hacia la pared, […]. Ellos estaban nerviosos, porque temían que los mataran, ya que les habían advertido y [se les había dicho que] pertenecían a la MARA DE LOS [POISON] y que [les] tenían clavo” (supra párr. 79.7). Por su parte, Krisell Mahely Amador, novia de Diomedes Obed García Sánchez, en su declaración rendida ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos el 11 de octubre de 1995, expresó que días antes de su muerte, la víctima le dijo “que ya le habían dicho que lo iban a matar” (supra párr. 79.29). 101. Asimismo, esta Corte no deja de señalar el trato que recibieron las víctimas menores de edad. Rony Alexis Betancourth Vásquez indicó con señales a Carlos Yovanny Arguijo Hernández, quien también había sido detenido ese mismo día, que le iban a matar, “a dar corte de cabeza, ya que [Rony] llevó una de sus manos al cuello, dándole a entender […] y que fue lo que escuch[ó] de éste ‘si me palman, me palman…´ ya que [Rony le] dijo que decían que pertenecía a la mara de los poison” (supra párr. 79.15). 102. Es ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención66. La Corte ha señalado que los Estados responden por los actos de sus agentes, realizados al amparo de su carácter oficial, y por las omisiones de los mismos, aún si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno67. De manera especial, los Estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso de la fuerza legítima, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción68. 103. En el presente caso agentes de la fuerza pública, haciendo uso ilegal de su autoridad, detuvieron a las víctimas y las ejecutaron. Al respecto, la Corte ha reiterado que en relación con el derecho a la vida, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable69, y que es particularmente grave su vulneración cuando ésta es producida por agentes estatales, hecho reconocido por el Estado en su allanamiento. 104. Además de lo anterior, la Corte ha establecido, que los hechos de este caso se dieron en el marco de un contexto de violencia en contra de los niños y jóvenes en situación de riesgo social en Honduras (supra párrs. 79.1, 79.2, 79.3 y 79.35). 66 Cfr. Caso Ximenes Lópes, supra nota 3, párr. 84; Caso de la Masacre de Mapiripán, supra nota 9, párr. 108; y Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 63, párr. 72. 67 Cfr. Caso Ximenes Lopes, supra nota 3, párr. 84; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 7, párr. 111; y Caso de la Masacre de Mapiripán, supra nota 9, párr. 108. 68 Cfr. Caso Montero Aranguren y otros, supra nota 12, párr. 66. 69 Cfr. Caso Montero Aranguren y otros, supra nota 12, párr. 64; Caso Ximenes Lopes, supra nota 3, párr. 125; Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 3, párr. 129; Caso Baldeón García, supra nota 3, párr. 83; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 7, párr. 151; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 7, párr. 120; Caso Huilca Tecse. Sentencia de 3 de marzo de 2006. Serie C No. 121, párr. 65; Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota 64, párr. 156; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 63, párr. 128; Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 12 de julio de 2003. Serie C No. 93, párr. 153; Caso Myrna Mack Chang, supra nota 9, párr. 152; Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 54, párr. 110; y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 144.