protección del derecho la propiedad yrevisar el marco legal existente con el fin de modificar las normas que sean contrarias con los derechos de los pueblos analizados en el presente caso. 302. Adicionalmente a lo solicitado en favor de los Pueblos Kaliña y Lokono (supra párr. 276),los representantespidieronque la Corte ordene al Estado la adopción de todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole necesarias para reconocer y garantizar el acceso colectivo a la justicia (capacidad legal) y el derecho a recursos judiciales efectivosa los pueblos indígenas. Por otra parte, los representantes requirieron la revisión, aprobación o modificación de la legislación relacionada con las áreas protegidas, la minería, la tala, la caza y los bosques, para garantizar la coherencia con los derechos de las víctimas. 303. El Estado expresó que: a) la normativa surinamesa no se encontrabafamiliarizada con el concepto de atribuir personalidad jurídica a grupos étnicos colectivos, por lo que no podría atribuírseles al no estar regulada en el Código Civil. A pesar de ello, indicó que en el marco del estudio del impacto de dicho reconocimiento en el sistema legal surinamés, el Estado estaba en el proceso de creación de la ley de autoridades tradicionales, lo cual consistiría en una solución al problema del reconocimiento de la personalidad jurídica; b) el reclamo sobre tierras y el control sobre estas y los recursos naturales no podría ser entregado a todos los pueblos indígenas y tribales de Surinam, de lo contrario, esto generaría un impacto altamente negativo en la economía del país;c) conforme a la legislación en Surinam, los derechos y los intereses de los indígenas y maroons eran tomados en consideración al momento en que el Estado decidía sobre el otorgamiento de una concesión, para lo cual hizo referencia al artículo 41 de la Ley de Gestión Forestal y al artículo 25.1 del Decreto de Minería (supra párr.209), y d) desde el 27 de septiembre de 2013 se estaban tomando diversas medidas para adoptar un protocolo de “consulta previa, libre e informada” (Free Prior and Informed Consent Communication Protocol), pero que estas han sufrido retrasos en su aplicación por factores atribuibles tanto al Estado como a las comunidades indígenas (supra párr.210). A pesar de ello, manifestó su voluntad de seguir trabajando en mejorar las consultas con los indígenas. 304. La Corte encontró al Estado responsable por la violación de los derechos establecidos en los artículos 3, 21, 23 y 25, en relación con los artículos 1.1, 2 y 13 de la Convención, en virtud de: a) que su ordenamiento jurídico interno no reconoce la personalidad jurídica colectiva; b) la falta de reconocimiento de la propiedad colectiva; c) la ausencia de mecanismos para la delimitación, demarcación y titulación de territorios;d) la falta de mecanismos que garanticen la participación efectiva,a través de un proceso de consulta, ye) la ausencia de recursos adecuados y efectivos para garantizar el acceso a la justicia colectiva de los pueblos indígenas y tribales (supra párrs. 114, 142, 160, 230 y 268). 305. En razón de lo anterior, teniendo en cuenta las obligaciones derivadas del artículo 2 de la Convención, la Corte dispone queel Estado deberáadoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para: a) otorgar a los pueblos indígenas y tribales en Surinamel reconocimiento legal de la personalidad jurídica colectiva, con el propósito de garantizarles el ejercicio y pleno goce de su derecho a la propiedad, de conformidad con sus costumbres y tradiciones, de acuerdo a lo establecido en los párrafos 105a 114. El Estado deberá cumplir con esta medida de reparación dentro de un plazo no mayor ados años, a partir de la notificación de la presente Sentencia; b) crear un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación de los territorios de los pueblos indígenas y tribales en Surinam. El Estado deberá adoptar estas medidas con la participación efectivade dichos pueblos, de acuerdo con su derecho 82