alotorgar concesiones forestales y mineras, esto no incluía el derecho a la participación efectiva 245. 210. Asimismo, como fue mencionado, el Estado manifestó su voluntad de seguir trabajando con el fin de asegurar la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y tribales, (supra párr.204). Para lograrlo, el Estado indicó que actualmente estaría elaborando un “protocolo de consulta previa, libre e informada”(Free, Prior and Informed Consent Communication Protocol), y que habría establecido la Comisión de Derecho sobre Autoridades Tradicionales(Commission Law on Traditional Authorities), cuyo objetivo sería reconocer a las autoridades tradicionales como legítimos representantes de los indígenas, particularmente en lo que se refiere a situaciones en las que los pueblos indígenas deben ser consultados. Al respecto, si bien el Tribunal considera positivo el compromiso estatal por la creación de un protocolo de consulta, el mismo no ha sido adoptado hasta la fecha, ni consta en el expediente si dicho protocolo tomaría en cuenta los estándares en la materia, establecidos por esta Corte a fin de garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas y tribales de manera efectiva. 211. Por otro lado, la Corte considera que la participación efectiva de los Pueblos Kaliña y Lokono también deberá ser garantizada por el Estado respecto de cualquier plan de desarrollo o inversión, así como de cualquier actividad nueva de exploración o explotación que pueda originarse en el futuro en los territorios tradicionales de estos pueblos 246, en particular, dentro de la Reserva Natural de Wane Kreek (suprapárr. 206). 212. En conclusión, del acervo probatorio, la Corte ha constatado que el Estado no garantizó la participación efectiva, a través de un proceso de consultaa los Pueblos Kaliña y Lokono antes de emprender o autorizar la explotación de la mina de bauxita dentro de parte de su territorio tradicional. ii) Evaluación previa de impacto ambiental y social 213. La Corte constató que en el año 2005 una consultora privada contratada por la empresa BHP Billiton realizó un estudio de sensibilidad ambiental, el cual concluyó que las secciones Wane 1 y Wane 2 habían sufrido un daño ambiental considerable como consecuencia de la minería. No obstante, Surinam alegó que la realización de estudios de impacto ambientalno era exigida por su legislación interna. Asimismo, el Estado señaló que la zona afectada por las actividades mineras estarían siendo rehabilitadas, lo cual ha sido controvertido por los representantes. 214. A este respecto, el Tribunal ha establecido que el Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio de una comunidad indígena a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental 247. Además, la Corte determinó que los 245 Cfr. Peritaje de Mariska Muskiet de 30 de abril de 2007 (expediente de fondo, folios 452 y ss). 246 Conforme a diversas declaraciones y al peritaje de Stuart Kirsch, (expediente de fondo, folio 357) existirían dentro de la Reserva de Wane Kreek concesiones madereras otorgadas a terceros no indígenas, así como nuevas actividades de exploración en Wane Kreek Hills que se habrían iniciado desde el 2014 derivadas de la concesión otorgada en 1958 hasta el año 2033, según el Instituto de Bauxita de Surinam, (expediente de prueba, folio 3076).La Corte no cuenta con prueba suficiente para establecer la fecha, ubicación, cantidad de concesiones, personas o empresas a las cuales se las hubieran otorgado concesiones madereras o si, efectivamente, actividades de exploración se han retomado en el año 2014. 247 Cfr.Caso del Pueblo Saramaka, supra, párr. 129, y Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku, supra, párr. 205. Cfr. artículo 14 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, supra: “Evaluación del impacto y reducción al mínimo del impacto adverso 1. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: a) Establecerá 59