13 46. En este capítulo, la Corte procederá a tratar los argumentos expuestos por las partes respecto de si la imposición de la pena de muerte obligatoria respecto de las cuatro presuntas víctimas ha violado sus derechos a la vida. A. Pena de Muerte Obligatoria 47. La Comisión y los representantes alegaron que el Estado ha violado los artículos 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 y 8.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de ésta, respecto de la imposición de la pena de muerte de manera obligatoria a las cuatro presuntas víctimas por haber sido condenadas del delito de homicidio. Particularmente, la Comisión alegó que una ley que automáticamente asigna una pena de muerte sin revisión jurídica ni consideración de la naturaleza del delito y las circunstancias individuales del acusado viola el derecho a no ser privado de manera arbitraria de la vida, el derecho a la integridad personal y las garantías judiciales. Los representantes alegaron que: “contrario al artículo 4.1 de la Convención, que prohíbe la privación arbitraria de la vida, la pena de muerte obligatoria condenó a los peticionarios sin considerar su humanidad individual; contrario al artículo 4.2 de la Convención que requiere que la pena de muerte se aplique únicamente a los delitos más serios, la pena de muerte obligatoria condenó a los peticionarios sin una determinación judicial de las circunstancias mitigantes o agravantes del delito; contrario al artículo 8.1 de la Convención, que requiere que la pena sea determinada por un tribunal competente, independiente e imparcial, la ley impuso una pena de muerte obligatoria a los peticionarios; y contrario a los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención, que prohíben el trato cruel, inhumano y degradante, la pena de muerte obligatoria impuesta a los peticionarios degradó su dignidad inherente como seres humanos”. 48. Barbados refutó los argumentos expuestos por la Comisión y los representantes y sostuvo que no ha violado los artículos 1, 4, 5 y 8 de la Convención Americana porque “muchas de estas presuntas violaciones se basan en una interpretación incorrecta del artículo 4 de la Convención, como que prohíbe la pena de muerte obligatoria”. Asimismo, uno de los argumentos centrales del Estado se basa en que, según las reglas internacionalmente reconocidas para la interpretación de tratados, la pena de muerte obligatoria sigue estando legalmente permitida tanto conforme a la Carta, interpretada a la luz de la Declaración Americana, como a la Convención Americana. Por ello, el Estado afirmó que la pena de muerte, la cual está constitucionalmente protegida en Barbados, no entra en conflicto con sus obligaciones de derechos humanos ante el sistema interamericano. El Estado alegó que se debe leer el artículo 4 de manera estricta y que su correcta interpretación no puede apoyar a un régimen abolicionista ni a una restricción del derecho de los Estados de imponer la pena de muerte obligatoria. El Estado alegó que las decisiones de esta Corte y los informes de la Comisión en este punto están incorrectas en cuanto a derecho y por lo tanto, dichas interpretaciones estarían fuera de la competencia de cada órgano como ultra vires. En consecuencia, el Estado alegó que la jurisprudencia en este sentido no puede ser vinculante o aún sentar un precedente persuasivo y que todas las . 49. La Corte considera que no existe controversia alguna respecto de que las cuatro presuntas víctimas, los señores Boyce, Joseph,34 Atkins35 y Huggins36 fueron sentenciados a religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 34 Jeffrey Joseph y Lennox Ricardo Boyce fueron acusados junto con Rodney Murray y Romaine Bend de golpear a Marquelle Hippolyte el 10 de abril de 1999, lo cual eventualmente causó su muerte el 15 de abril de 1999. El 10 de enero de 2001 fueron procesados por el delito de homicidio. El Fiscal ofreció una declaración de culpabilidad de “manslaughter” a los cuatro acusados. Rodney Murray y Romaine Bend se declararon culpables de