2 posible violación por parte del Estado del artículo 17 (Protección a la Familia), la Comisión no volvió a hacer referencias ni brindó argumentos sobre el punto, por lo que la Corte no se pronunciará al respecto. 3. De conformidad con la exposición hecha por la Comisión, la violación de los derechos indicados habría sido resultado de la inclusión del señor Cesti Hurtado en un proceso ante el fuero militar, en cuyo marco fue arrestado, privado de libertad y sentenciado, a pesar de la existencia de una resolución definitiva emitida en un proceso de hábeas corpus, en la cual se ordenó que se apartara a la supuesta víctima del proceso ante el fuero militar y que no se atentara contra su libertad personal. 4. Asimismo, la Comisión solicitó que la Corte a. b. c. d. 5. declare que el Estado violó el artículo 51.2 de la Convención, al incumplir las recomendaciones hechas en el Informe No. 45/97 de 16 de octubre de 1997; requiera al Perú sancionar a los responsables de las violaciones cometidas en perjuicio de la víctima; declare que el Estado debe ejecutar la resolución emitida el 12 de febrero de 1997 por la Sala Especializada de Derecho Público de Lima y que debe poner en libertad a la presunta víctima en forma inmediata e incondicional; y declare la nulidad y la carencia de efectos jurídicos del proceso seguido en contra de la supuesta víctima ante el fuero militar peruano, “anulándose por tanto la sentencia y todas las resoluciones interlocutorias que limitan [sus] derechos personales y patrimoniales”. Por último, la Comisión solicitó [q]ue el Estado peruano repare y pague una indemnización a la víctima por el tiempo que ha estado detenido indebidamente y por el daño al honor personal que se le ha inferido al tratársele como reo, a la inmovilización de su patrimonio, a las remuneraciones dejadas de percibir al no poder ejercer su derecho a trabajar mientras permanezca injustamente detenido y a la angustia generada al obligársele a un tratamiento médico que no es de su elección [y que] se condene al Estado peruano al pago de las costas de este proceso. II PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN 6. El 7 de marzo de 1997 la Comisión recibió en su Secretaría una denuncia hecha por la señora Carmen Judith Cardó Guarderas en favor de su esposo, el señor Cesti Hurtado. El 10 de los mismos mes y año, la Comisión comunicó la denuncia al Estado, al cual solicitó que presentara la información correspondiente en un plazo de 90 días.

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