4
6.
El Estado informó que el 17 de octubre de 2009 la señora Rey resultó herida
en un incidente ocurrido mientras ella regresaba de una actividad promovida por el
Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta. El Estado “conden[ó] este hecho
como lo hizo en su momento”. Agregó que “la información que hasta ahora reposa
en manos de los organismos de seguridad y de investigación criminal” permiten
establecer que dicho incidente sería “al parecer, autoría” de “la guerrilla de las FARC”
y que, “según parece era realmente un ataque” contra otra persona que acompañaba
a la señora Rey. El Estado agregó que prestó la seguridad y “las garantías para que
[la señora Rey] tuviera una adecuada atención médica”. Indicó que la “atención
médica afortunadamente permitió que este incidente fuera superado” y que la señora
Rey “pudiera recuperar plenamente sus condiciones de salud para seguir
desarrollando su trabajo”.
7.
De otra parte, el Estado rechazó señalamientos efectuados por los
representantes (infra párr. 8) respecto a presuntas irregularidades atribuibles a la
Fuerza Pública en la zona, información que el Estado alegó desconocer. Al respecto,
señaló que “la comunidad” ha expresado “tanto su satisfacción con el hecho de que
el Estado haga presencia en la zona, como con los beneficios que está trayendo esa
presencia”. Finalmente, el Estado indicó que la señora Rey se desplazó sin su
esquema de protección, razón por la cual es contradictorio que se alegue que “por la
labor humanitaria […] no se podía contar con escoltas armados” y al mismo tiempo
argumentar “falencias en el esquema de seguridad”. Por el contrario, según el
Estado, “existen manifestaciones claras de la buena interlocución que existe” entre la
señora Rey “y las autoridades encargadas de su protección”, razón por la cual “no
hubo una falla en la coordinación”.
8.
Los representantes señalaron que lo ocurrido en octubre de 2009 fue algo
“sumamente grave” y que si la señora Rey “no hubiera contado con […] un medio de
transporte rápido ella hubiera perdido la vida”. Además, indicaron que los hechos
habrían “intimida[do a] la comunidad” en relación con la actuación de la Fuerza
Pública” y han generado “miedo […] en los miembros del Comité del Meta para
continuar desarrollando su labor”. Al respecto, informaron que al menos dos de los
miembros de la Junta Directiva “han expresado que tomarían distancia del Comité
por su seguridad”. De otra parte, señalaron que “no existe” una “conclusión judicial
que indique quiénes son los autores de esos hechos y cuáles fueron los móviles del
atentado”. Resaltaron que el propósito de la actividad desarrollada era “escuchar las
denuncias de la comunidad sobre la actuación de la Fuerza Pública en la zona”, razón
por la cual “ella no podía acompañarse de escoltas armados”. Indicaron que esta
misión humanitaria habría sido informada a las autoridades de manera que habría
sido posible desarrollar “acciones de prevención”. Además, alegaron que sus escoltas
tenían conocimiento de dicha misión y la iban a esperar en un sitio determinado.
Expresaron “preocupación” por presuntas “manifestaciones hechas por miembros de
la Fuerza Pública” respecto “al estado de indefensión en el que [habrían] quedado”
los pobladores de la zona, dado que nadie vendría “a defender sus derechos” y que
presuntamente un coronel habría señalado que “los derechos humanos no van a
volver a este pueblito” y que habría sindicado a los habitantes de ser “colaboradores
de la guerrilla de las FARC”.
La Comisión señaló que aún no se conocen “cuáles son los resultados de la
9.
investigación” sobre el ataque sufrido por la señora Rey, lo cual demuestra, “por lo
menos”, “falencias en el esquema de seguridad”. Agregó que dicho ataque ha tenido
consecuencias negativas para el trabajo de la señora Rey y para los miembros del