7 miembro de la carrera policial implica una actividad de más de un año”, por lo tanto, se tienen las siguientes dificultades: a) disponibilidad de agentes; b) Colombia enfrenta “procesos electorales que implican una demanda mayor por parte de la Policía Nacional”, para prestar todas las garantías a “los candidatos de las diferentes corporaciones”; c) la Policía “tiene otras demandas con el tema de la seguridad ciudadana”, y d) la Policía Nacional no puede incorporar dentro de su nómina a personas que no cumplan ni los requisitos, ni el proceso de selección de dicha institución, razón por la cual no es posible atender la exigencia de los beneficiarios en el sentido de que se disponga de agentes escoltas de su confianza para prestar el servicio. 22. Teniendo en cuenta lo anterior, el Estado alega haber informado a los beneficiarios sobre dos propuestas de protección: una, “con Agentes escogidos en la Policía (sin escoltas de confianza) [u otra, a través de personal] subcontratado por una empresa de seguridad privada donde pueden participar agentes escoltas de confianza de los beneficiarios”. En caso de que se aceptara “que una empresa privada [con experiencia en el uso de armas, debidamente reglamentada y vigilada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada] opere los servicios”, el Estado indicó lo siguiente: a) que “mant[endría] toda la responsabilidad conforme a sus obligaciones” en “todo lo que suceda en ejercicio de esa operación delegada que además es administrada conjunta y coordinadamente con entes de seguridad”; b) que implementaría “mecanismos de supervisión de la operación de estos esquemas con la participación de los beneficiarios”, y c) que la Procuraduría General de la Nación particip[aría] en ese mecanismo de supervisión “para dar plenas garantías a las personas beneficiarias”. El Estado expresó que “cuando los beneficiarios quieran tener escoltas de confianza”, las hojas de vida respectivas “pued[e]n ser consideradas en una empresa privada”, lo cual no es posible en la entidad policial. 23. El Estado precisó que este esquema “tiene que ser complementado” con “la Policía y el Ejército donde sea necesario” para “coordinar [los] servicios”. Indicó que en el último año “ha subcontratado la implementación de 210 esquemas con empresas privadas”, en casos donde las personas beneficiarias lo han asumido voluntariamente. Agregó que es “totalmente inexacto” aludir a que los paramilitares desmovilizados tengan algún tipo de relación con estas empresas de seguridad privada, teniendo en cuenta que en la propuesta se trataría de “escoltas de confianza propuestos por los beneficiarios” y que en Colombia las normas “impiden que los desmovilizados porten armas”. 24. Los representantes señalaron que “existen ciertas incertidumbres” sobre esta propuesta y que la beneficiaria Islena Rey “no ha sido convocada” para consultarle sobre estas opciones”. Agregaron que la propuesta formulada podría implicar que “la responsabilidad del Estado se vea disminuida al haber una delegación” y que existen denuncias según las cuales se ha ofrecido a los desmovilizados la posibilidad de incorporarse a empresas de seguridad privada. Por esta razón, solicitaron información sobre este punto “que incide sobre la oferta de protección” y la garantía para personas en riesgo.