INFORME No. 48/131
PETICIÓN 880-11
ADMISIBILIDAD
NITZA PAOLA ALVARADO ESPINOZA, ROCÍO IRENE ALVARADO REYES, JOSÉ ÁNGEL ALVARADO HERRERA
Y OTROS
MÉXICO
12 de julio de 2013

I.

RESUMEN

1.
El 26 de junio de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
“CIDH” o “Comisión), recibió una petición presentada por el Centro de Derechos Humanos de las
Mujeres (CEDEHM), la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC),
Justicia Para Nuestras Hijas (JPNH), todas con sede en la ciudad de Chihuahua y el Centro de Derechos
Humanos Paso del Norte (CDHPN) con sede en Ciudad Juárez, (en adelante “peticionarios”)2, en la cual
se alega la responsabilidad de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “el Estado” o “México”) por la
presunta detención ilegal el 29 de diciembre de 2009 y posterior desaparición forzada perpetrada
alegadamente por miembros del Ejército mexicano, de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene
Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera (en adelante “las presuntas víctimas”), así como la
presunta falta de investigación efectiva y debida diligencia respecto de estos hechos. Asimismo, los
peticionarios alegan que el Estado tendría responsabilidad internacional por una serie de violaciones a
los derechos humanos presuntamente cometidas en perjuicio de los familiares de las presuntas víctimas,
como consecuencia de la desaparición forzada de sus familiares y por las acciones realizadas para
conocer su paradero.
2.
En virtud de los hechos alegados, los peticionarios argumentan que respecto de las
presuntas víctimas Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado
Herrera, el Estado de México sería responsable por la violación de los derechos consagrados en los
artículos 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante
“Convención” o “Convención Americana”, todos en relación con el artículo 1.1 y 2 del mismo
instrumento internacional; en los artículos I, II, IX y XIX de la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas (en adelante “CIDFP”) y; específicamente respecto de Nitza Paola
Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, en los artículos 3, 4, 5, 7 y 9 de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante
“Convención de Belém do Pará”). Respecto de los familiares de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío
Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, argumentan que el Estado de México sería
responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención
Americana, todos en relación con el artículo 1.1 y 2 del mismo instrumento internacional y en
concordancia con el artículo I.a y I.b de la CIDFP, en relación a su derecho a conocer la verdad. En
específico, respecto de los familiares Jaime Alvarado Herrera, Sandra Luz Rueda Quezada y los y las hijos
1

Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2.a del Reglamento de la Comisión, el Comisionado José de Jesús Orozco
Henríquez, de nacionalidad mexicana, no participó en el debate ni en la decisión del presente caso.
2

Con posterioridad a la presentación inicial, en el escrito de fecha 24 de diciembre de 2012, los peticionarios
solicitaron que se incorporara también como peticionarios a las siguientes personas: Patricia Reyes Rueda en representación de
su hija Rocío Irene Alvarado; María de Jesús Alvarado Espinoza en representación de su hermana Nitza Paola Alvarado y; Rosa
Olivia Alvarado Herrera, en representación de su hermano José Ángel Alvarado Herrera.

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