5 la Comunidad de Paz habría recibido amenazas por parte de presuntos paramilitares, quienes habrían anunciado una masacre en contra de la misma. El 10 de enero de 2018 la Comunidad de Paz habría recibido información sobre un plan de los paramilitares para incendiar el asentamiento de San Josesito, una de las veredas en donde se encuentran beneficiarios de las presentes medidas provisionales. Además, el 16 de enero de 2018 se informó que presuntos paramilitares bajo amenazas impidieron a un miembro de la Comunidad llevar a un centro médico a su hija menor de edad, quien estaba “muy enferma”. 10. El Estado señaló mediante escrito de 31 de julio de 2017 que la Unidad Nacional de Protección ha recibido información por parte de diversas fuentes de la ocurrencia de amenazas en contra del señor Jesús Emilio Tuberquia, sin embargo, a pesar de que la Unidad le solicitó datos de contacto que permitan hacer una presentación efectiva del programa de protección, no los ha recibido, ni se respondió a la presentación del Programa de Protección enviada para que se allegue el consentimiento para iniciar la ruta de protección. Asimismo, sostuvo que el señor Cristóbal Meza fue vinculado al programa de protección que coordina dicha Unidad, en calidad de víctima del conflicto y no como perteneciente a la Comunidad de Paz. 11. Por otra parte, mediante escrito de 16 de enero de 2018 señaló que, según información del Ministerio de Defensa Nacional, el señor Graciano Posso aparece con 11 investigaciones de las cuales 9 son hechos de amenazas entre los años 2012 y 2015. Por otro lado, respecto de lo ocurrido el 29 de diciembre de 2017, sostuvo que el Ministerio de Defensa dispuso verificar la situación denunciada a través de la unidad militar en la zona, la cual tomó contacto con las autoridades locales e hizo presencia en el lugar de los hechos, sin embargo, la Comunidad de Paz habría impedido el paso de la Fuerza Pública, hasta que la Comunidad de Paz puso los sujetos retenidos a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación de Apartadó. Los sujetos fueron llevados a las instalaciones de Medicina Legal de Apartadó a fin de realizarles examen médico. En poder de la Fiscalía, se logró su individualización y se les abrió un expediente por el delito de amenazas en contra de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. El 31 de diciembre de 2017, se realizó la audiencia de legalización de captura, mediante la cual el despacho de la Unidad Seccional de Apartadó de la Fiscalía General de la Nación decidió otorgar el beneficio de la libertad, pero vinculándolos a la investigación penal. 12. Finalmente, mediante escrito de 26 de enero de 2018 y sus anexos, el Estado informó que la Defensoría del Pueblo habría advertido desde el 10 de febrero de 2017 sobre amenazas en contra de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó 6 . Al respecto, la Defensoría del Pueblo habría evidenciado “la falta de acciones oportunas, pertinentes, 6 Cfr. Informe del Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de 28 de noviembre de 2017 (expediente de medidas provisionales, folios 7300 a 7302). En dicho informe se señala que: i) Desde el 10 de febrero del 2017 el Sistema de Alertas Tempranas, mediante oficio No. 40401-0046-17, advirtió a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT) sobre el riesgo generado “por amenazas directas contra la comisión [i]nternacional que acompaña a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y contra integrantes de la comunidad de Paz”; ii) en el Informe de Riesgo No. 01017 de 30 de marzo del 2017 la Defensoría advirtió el riesgo para Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la Organización Campesina de San José de Apartadó, la UP y Marcha Patriótica; iii) el 19 de julio del 2017 se emitió el Informe de Riesgo No. 035-17 para el municipio de Apartadó, en el cual se advierte exposición especial al riesgo en integrantes de la Comunidad de Paz, ACASA, la UP y Marcha Patriótica; iv) el 28 de noviembre de 2017 mediante el oficio No. 404001-2053-17 dirigido a la CIAT, se alertó sobre el “Riesgo de vulneración del derecho a la vida, seguridad, libertad e integridad personal contra líderes, lideresas, autoridades étnicas, integrantes de partidos y/o movimientos políticos, defensores y defensoras de derechos humanos en las Subregiones Bajo Atrato, Darién (Chocó) y Urabá (Antioquia)”, indicando en ese oficio riesgos específicos para integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de la asociación Campesina de San José de Apartadó y de partidos y movimientos políticos como la UP y Marcha Patriótica.