expresión de los pueblos indígenas en lo que respecta a fundar y utilizar medios de
comunicación para difundir información, ideas y opiniones que les afecten y generar debates
que sean de su interés. Así, este Tribunal considera que la regulación de la radiodifusión en
Guatemala, representada especialmente por su LGT, genera una restricción inconvencional al
derecho a la libertad de expresión de los pueblos indígenas, en particular, de las presuntas
víctimas de este caso.
154. Aunado a lo anterior, cabe recordar que de la importancia que tienen las radios
comunitarias para los pueblos indígenas, se desprende también que la operación y
administración de sus propias radios comunitarias, la decisión sobre la programación y la
efectiva participación de las transmisiones es por excelencia una forma de participación cultural
de los referidos pueblos. Más que ello, la Corte encuentra que la operación por parte de los
pueblos indígenas de sus radios comunitarias consiste en un medio fundamental para su
supervivencia cultural. En consecuencia, tomando en cuenta que la regulación de la
radiodifusión en Guatemala no permite en la práctica que los pueblos indígenas funden y
utilicen sus propios medios de comunicación, se les impide ejercer su derecho de participar en
la vida cultural a través de sus radios comunitarias.
155. Además, es cierto que el internet ha permitido mejorar el acceso a la información y la
libertad de expresión, pero la brecha digital indica que grupos sociales que sufren pobreza y
discriminación no pueden acceder a ese recurso. De ahí que los medios tradicionales de
comunicación oral como la radio son imprescindibles para garantizar la comunicación e
información, la transferencia de tradiciones y la conservación de las lenguas indígenas.
156. Ante todo lo expuesto, la Corte considera que, en virtud del marco regulatorio
concerniente a la radiodifusión en Guatemala, especialmente la LGT, el Estado es responsable
por la violación de los derechos a la libertad de expresión, a la igualdad ante la ley y a participar en
la vida cultural, establecidos en los artículos 13, 24 y 26 de la Convención Americana, en
relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos sin discriminación y el deber
de adoptar disposiciones de derecho interno, contenidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo
instrumento, en perjuicio de los pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango, Achí de San
Miguel Chicaj, Mam de Cajolá y Mam de Todos Santos Cuchumatán.
B.2 La alegada violación del artículo 13.2 de la Convención en relación con los
allanamientos de las radios comunitarias Ixchel y Uqul Tinamit “La Voz
del Pueblo” y la persecución penal de sus operadores
157. La Corte se ha manifestado reiteradamente en el sentido de que las limitaciones a la
libertad de expresión deben ser necesarias en una sociedad democrática, proporcionales e
idóneas para el logro de los objetivos que persiguen227.
158. Como se deprende de la propia Convención Americana y según ha afirmado esta Corte,
la libertad de expresión no es un derecho absoluto. En efecto, el artículo 13.2 de la Convención, que
prohíbe la censura previa, también prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores
por el ejercicio abusivo de este derecho. Tales restricciones deben ser excepcionalesy no pueden
limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la libertad de expresión y
convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa228.
Opinión Consultiva OC-5/85, supra, párr. 46, y Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párrs. 120 a 123.
228
Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr.
120, y Caso Urrutia Laubreaux Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 81.
227
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