2
por el Tribunal en las Sentencias de fondo (29 de septiembre de 1999) y de reparaciones
(31 de mayo de 2001), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
2.
Solicitar al Estado que present[ara] a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, a más tardar el 31 de enero de 2005, un informe detallado en el cual
indi[cara] todas las medidas adoptadas para cumplir con el deber de investigar los
hechos para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos
humanos a los que se hizo referencia en la sentencia sobre el fondo y sancionar a los
responsables, y para cumplir con las otras reparaciones ordenadas por [la] Corte que se
encuentran pendientes de cumplimiento […].
3.
Solicitar a la víctima, o su representante, si lo tuviere, y a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que present[aran] observaciones al informe del
Estado mencionado en el punto resolutivo anterior, en el plazo de cuatro y seis
semanas, respectivamente, contado a partir de la recepción de dicho informe.
4.
Continuar supervisando los puntos pendientes de cumplimiento de
Sentencias de 29 de septiembre de 1999 (fondo) y de 31 de mayo (reparaciones).

las

[...]

6.
El informe del Estado del Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”) de 1 de
febrero de 2005 mediante el cual, luego de una prórroga concedida, informó que: (f.
463)
a) solicitó al Director General de Administración del Ministerio de Justicia que
realizara el cálculo de los intereses generados “a partir de los seis meses de la
notificación” de la Sentencia de reparaciones, a fin de que luego gestione la
previsión de los fondos para el pago correspondiente a los intereses
moratorios a la compensación por concepto de daño moral;
b) mediante resolución No. 17 A.V 15-2001 de 30 de enero de 2004 la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia del Perú confirmó la sentencia de 13 de
junio de 2003 emitida por el Vocal Supremo Instructor que condenó al señor
Raúl Aurelio Talledo Valdivieso como autor del delito de abuso de autoridad
en perjuicio del señor Cesti Hurtado y le impuso cuatro años de pena privativa
de libertad, cuya ejecución se suspendió por el plazo de tres años, bajo
observación de reglas de conducta;
c) la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
remitió oficios al Ministerio de Justicia (4 de noviembre de 2004), al Ministro
de Economía (11 de noviembre de 2004), al Presidente del Fondo Especial de
Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado (en
adelante “el FEDADOI”) (17 de noviembre de 2004), al Director General de la
Oficina General de Economía y Desarrollo (10 de diciembre de 2004) y al
Director General de Administración del Ministerio de Justicia (10 de diciembre
de 2004), gestionando el pago de las indemnizaciones ordenadas por la Corte
Interamericana en este caso que aún se encuentran pendientes de
cumplimiento, y
d) el 18 de enero de 2005 el Poder Judicial indicó que el proceso penal
instaurado contra el señor Cesti Hurtado por delitos contra la función
jurisdiccional fue archivado. En el mismo sentido, por Ejecutoria Suprema de
14 de septiembre de 2000 se declaró la nulidad de la instrucción No. 52960117 seguida contra el señor Cesti Hurtado por los delitos de desobediencia
contra el deber y dignidad de la función, negligencia y fraude, por lo cual se

Select target paragraph3