2 por el Tribunal en las Sentencias de fondo (29 de septiembre de 1999) y de reparaciones (31 de mayo de 2001), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2. Solicitar al Estado que present[ara] a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 31 de enero de 2005, un informe detallado en el cual indi[cara] todas las medidas adoptadas para cumplir con el deber de investigar los hechos para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos a los que se hizo referencia en la sentencia sobre el fondo y sancionar a los responsables, y para cumplir con las otras reparaciones ordenadas por [la] Corte que se encuentran pendientes de cumplimiento […]. 3. Solicitar a la víctima, o su representante, si lo tuviere, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que present[aran] observaciones al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior, en el plazo de cuatro y seis semanas, respectivamente, contado a partir de la recepción de dicho informe. 4. Continuar supervisando los puntos pendientes de cumplimiento de Sentencias de 29 de septiembre de 1999 (fondo) y de 31 de mayo (reparaciones). las [...] 6. El informe del Estado del Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”) de 1 de febrero de 2005 mediante el cual, luego de una prórroga concedida, informó que: (f. 463) a) solicitó al Director General de Administración del Ministerio de Justicia que realizara el cálculo de los intereses generados “a partir de los seis meses de la notificación” de la Sentencia de reparaciones, a fin de que luego gestione la previsión de los fondos para el pago correspondiente a los intereses moratorios a la compensación por concepto de daño moral; b) mediante resolución No. 17 A.V 15-2001 de 30 de enero de 2004 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del Perú confirmó la sentencia de 13 de junio de 2003 emitida por el Vocal Supremo Instructor que condenó al señor Raúl Aurelio Talledo Valdivieso como autor del delito de abuso de autoridad en perjuicio del señor Cesti Hurtado y le impuso cuatro años de pena privativa de libertad, cuya ejecución se suspendió por el plazo de tres años, bajo observación de reglas de conducta; c) la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos remitió oficios al Ministerio de Justicia (4 de noviembre de 2004), al Ministro de Economía (11 de noviembre de 2004), al Presidente del Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado (en adelante “el FEDADOI”) (17 de noviembre de 2004), al Director General de la Oficina General de Economía y Desarrollo (10 de diciembre de 2004) y al Director General de Administración del Ministerio de Justicia (10 de diciembre de 2004), gestionando el pago de las indemnizaciones ordenadas por la Corte Interamericana en este caso que aún se encuentran pendientes de cumplimiento, y d) el 18 de enero de 2005 el Poder Judicial indicó que el proceso penal instaurado contra el señor Cesti Hurtado por delitos contra la función jurisdiccional fue archivado. En el mismo sentido, por Ejecutoria Suprema de 14 de septiembre de 2000 se declaró la nulidad de la instrucción No. 52960117 seguida contra el señor Cesti Hurtado por los delitos de desobediencia contra el deber y dignidad de la función, negligencia y fraude, por lo cual se

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