de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas o las entidades
estatales competentes.
14. Por otro lado, la Corte advierte que, en su Resolución de 10 de junio de 2020, solicitó al
Estado “remitir un plan completo y pormenorizado para implementar cada una las medidas
señaladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos” (supra Considerando 12). Al
respecto, el Tribunal nota que el Estado no ha aportado dicho plan, por lo que se le solicita
presentarlo a más tardar junto con su próximo informe, en el plazo indicado en la parte resolutiva
de la presente Resolución. En dicho informe el Estado deberá además presentar información
sobre la implementación de las medidas acordadas con CEJIL y Tlachinollan.
B.
Nuevos hechos de riesgo relativos a los beneficiarios integrantes de
Tlachinollan y solicitud de ampliación de las medidas provisionales a favor
de 16 personas
B.1. Alegatos de las partes y la Comisión
15. Los representantes informaron el 23 de noviembre de 2020 sobre nuevos hechos de
riesgo en perjuicio de personas a cargo del seguimiento del caso de la señora Fernández Ortega.
Concretamente, señalaron que “el pasado 19 de octubre de 2020, en las nuevas oficinas de
Ayutla de los Libres de Tlachinollan, un hombre de identidad desconocida ingresó a las
instalaciones y tomó asiento. Se le consultó si necesitaba asesoría o si buscaba a alguien, le
explicaron qué hacía el centro de derechos humanos, y se le consultó nuevamente si necesitaba
algo, a lo que esta persona respondió que no. Se le solicitó al desconocido que saliera de las
oficinas, pero este se negó a hacerlo. Finalmente, mientras el desconocido se resistía a salir del
lugar, llegó el beneficiario Rogelio Téliz García, por lo que al percatarse de lo que estaba
aconteciendo le dijo al desconocido que llamaría a la policía y fue hasta entonces que se retiró
del lugar. Cabe señalar que ante el reciente cambio de las oficinas no se encontraban instaladas
las cámaras de circuito cerrado y tampoco se encontraban los policías a cargo de realizar
rondines de seguridad”. Además, el 11 de diciembre de 2020, alrededor de las 22:30 horas, una
de las trabajadoras de Tlachinollan “se encontraba en su domicilio y uno de sus vecinos se acercó
para informarle que una persona desconocida ingresó al complejo de apartamentos donde
reside, se había asomado por la ventana de su apartamento para observarla y que sin tocar la
puerta ni dirigirse a ella, salió del lugar y se retiró en un taxi que ya le estaba esperando afuera
de su domicilio […] sus vecinos le informaron que esta no es la primera vez que una persona
desconocida se presenta a su domicilio para observarla. Los incidentes no han sido denunciados
a nivel interno, pues en ausencia de información precisa sobre la identidad de las personas
involucradas razonablemente no se reportarán avances en su investigación” y la denuncia podría
implicar un incremento del riesgo en su contra.
16.
Con posterioridad, el 26 de marzo de 2021 Tlachinollan y CEJIL solicitaron la ampliación
de las presentes medidas provisionales a 16 defensoras y defensores de Tlachinollan que
dan seguimiento al caso de la señora Fernández Ortega 11 por incidentes que se han
intensificado en fechas recientes y dan cuenta de la existencia de un riesgo extremo para
su vida e integridad personal. Tlachinollan y CEJIL informaron que estas personas
habrían recibido amenazas, presencia de vehículos sospechosos en las oficinas, y algunos
domicilios, así como amedrentamientos y hostigamientos.
17. CEJIL y Tlachinollan informaron que el 5 de febrero de 2021 se envió una solicitud de
medidas de protección concretas en favor de todas y todos los colaboradores de la organización,
entre estas medidas se encuentran “la entrega de teléfonos satelitales y botones de pánico para
Por las características especiales de estos hechos, la Corte considera oportuno que, frente a la solicitud de los
representantes y la no oposición del Estado, se reserve la identidad de las 16 personas propuestas como beneficiarias
de las presentes medidas provisionales. En este sentido, la Corte se referirá a estas personas como “16 defensoras y
defensores de Tlachinollan”.
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