4.
En virtud del carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte, según lo
establecido en el artículo 67 de la Convención Americana, éstas deben ser prontamente
cumplidas por el Estado en forma íntegra.
5.
La obligación de cumplir lo dispuesto en las sentencias del Tribunal corresponde a un
principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, respaldado
por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones
convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado
esta Corte y lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados de 1969, aquéllos no pueden, por razones de orden interno, dejar de asumir la
responsabilidad internacional ya establecida2. Las obligaciones convencionales de los
Estados Partes vinculan a todos los poderes o funciones del Estado3.
6.
Los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las
disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus
respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas
sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones
sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, como
las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte. Estas obligaciones deben
ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente
práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos
humanos4.
A.
Obligación de investigar los hechos del presente caso (punto resolutivo
octavo de la Sentencia)
7.
El Estado informó sobre diversas diligencias realizadas desde el 22 de marzo de
2010 en el marco de la averiguación previa SIEDF/CGI/454/2007 a cargo de la Procuraduría
General de la República, dentro de la cual se investiga lo sucedido al señor Rosendo Radilla
Pacheco. Informó que “se llevaron a cabo diversas reuniones […] con la finalidad de
desarrollar un plan de trabajo en conjunto con los familiares de las víctimas […] para la
continuación de las investigaciones[.]” Además, el Estado indicó que “los representantes
legales de Tita Radilla Martínez […] han tenido pleno acceso a la indagatoria siempre que lo
han solicitado”.
8.
Los representantes señalaron que “a la fecha, ningún mando militar o autoridad civil
con mando sobre las Fuerzas Armadas activo en la época de la desaparición del [señor]
Radilla [Pacheco] ha sido llamado a declarar”, y que ninguna de las acciones que la
2
Cfr. Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts.
1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994.
Serie A No. 14, párr. 35; Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs.Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia.
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de diciembre de 2010, considerando sexto, y
Caso Tibi Vs. Ecuador. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, supra nota 1, considerando cuarto.

Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de noviembre de 1999, considerando tercero; Caso del Penal
Miguel Castro Castro Vs. Perú, supra nota 2, considerando sexto, y Caso Tibi Vs. Ecuador. Supervisión de
Cumplimiento de Sentencia, supra nota 1, considerando cuarto.
3

Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párr. 37; Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú,
supra nota 2, considerando séptimo, y Caso Tibi Vs. Ecuador. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, supra
nota 1, considerando quinto.
4

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