14.
De cualquier modo, es menester destacar que, si bien lo preceptuado
por el artículo 229 del Código Procesal Penal de El Salvador es contrario a la dignidad
de la persona preceptuada en la Convención Americana, no resulta necesario
denunciarlo como tal, porque presenta la curiosísima particularidad de no ser una
verdadera norma jurídica, dado que carecía de sanción, porque ésta no está
contemplada en el artículo 312 del Código Penal, disposición esta última que se
mantiene en el marco de lo señalado por la Constitución.
15.
Esa disposición no parece ser otra cosa que una expresión de deseos,
porque todo precepto sin sanción es una suerte de campana sin badajo o de guitarra
sin cuerdas, pero de todas formas constituye una cuña de extraña madera en un
ordenamiento jurídico republicano y democrático, lo que es menester poner de
relieve, previniendo cualquier consecuencia práctica de su indeseable presencia en la
ley.
16.
En otro orden -y también obiter dictum- considero necesario especificar
que, como norma general limitativa de todo deber de denuncia de cualquier delito,
debe respetarse la regla básica conforme a la cual –y en ningún caso- puede llevarse
ese deber hasta el extremo de colocar a una persona en la disyuntiva de ser penada
o dejarse morir.
17.
La jerarquía de los Derechos Humanos coloca necesariamente a la vida
en posición superior a las exigencias de eficacia de cualquier administración de
justicia y, en el supuesto de conflicto, sin duda debe primar el derecho a la vida por
sobre el interés del Estado en penar a los infractores a su derecho.
18.
Obsérvese que el artículo 312 del Código Penal no violaba esta regla,
puesto que establece el deber de denuncia del médico cuando las lesiones
racionalmente debieran considerarse como provenientes de un delito. Provienen de
un delito las lesiones sufridas, o sea, las que alguien infirió al paciente, o sea que en
principio se trata únicamente de las lesiones de una víctima, disposición que cobra
especial relevancia en los casos de violencia doméstica o de víctimas incapaces. No
provienen de un delito las lesiones que alguien sufre como consecuencia de una
acción defensiva de la policía por ejemplo, porque la acción policial en legítima
defensa no es un delito.
19.
Tampoco viola la señalada regla básica el artículo 232 del Código
Procesal, porque excepciona del deber de denunciar los casos en que lo impida el
secreto profesional, lo que comprende el supuesto en que la denuncia coloca a la
persona en esa disyuntiva.
20.
Cualquier notitia criminis que diese lugar a un proceso, por denuncia
efectuada en violación al deber de secreto profesional, configuraría una causal de
nulidad, conforme al principio de que nunca la acción penal puede ser puesta en
marcha –o una pretensión punitiva llevarse a cabo- mediante un hecho antijurídico.
21.
Este último principio, conforme al cual no se puede procurar la eficacia
del derecho a partir de su propia violación, abarca a todo el derecho procesal penal,
pues también obedecen al mismo otras muchas consecuencias traducidas en
nulidades, como las emergentes conforme a la teoría del fruit of poisonous tree de la
Suprema Corte de Estados Unidos y del rechazo de la peregrina tesis del male captus
bene detentus o, un tanto más lejanamente, en el caso del agente provocador y del
más que problemático agente encubierto.
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