2
que el Estado de Uruguay es internacionalmente responsable por: a) la desaparición forzada y la
violación de los derechos reconocidos en los artículos 3, 4.1, 5.1 y 5.2 y 7.1, en relación con el
artículo 1.1 de la Convención y con los artículos I y XI de la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de María Claudia García; b) artículos 3, 4.1, 5.1,
7.1, 17, 18, 19 y 20.3, en relación con el artículo 1.1 de la Convención y con los artículos I y XI
de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de María
Macarena Gelman; c) artículo 5.1 y 17, en relación con el artículo 1.1 de la Convención, en
perjuicio del señor Juan Gelman, y d) artículos 8.1 y 25.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de
la Convención y con los artículos I.b y IV de la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas, por la falta de investigación efectiva de los hechos del presente caso, en
perjuicio del señor Juan Gelman y de María Macarena Gelman. Además, declaró que el Estado
había incumplido la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana,
contenida en su artículo 2, en relación con los artículos 8.1, 25 y 1.1 de la misma y con los
artículos I.b, III, IV y V de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas, como consecuencia de la interpretación y aplicación que le había dado a la Ley de
Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Asimismo, la Corte dispuso:
por unanimidad, que:
8.

Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.

9.
En un plazo razonable, el Estado debe conducir y llevar a término eficazmente la investigación de los
hechos del presente caso, a fin de esclarecerlos, determinar las correspondientes responsabilidades penales y
administrativas y aplicar las consecuentes sanciones que la ley prevea, de conformidad con los párrafos 252 a
256, 274 y 275 de la Sentencia.
10.
El Estado debe continuar y acelerar la búsqueda y localización inmediata de María Claudia García
Iruretagoyena, o de sus restos mortales y, en su caso, entregarlos a sus familiares, previa comprobación
genética de filiación, de conformidad con los párrafos 259 y 260 de la Sentencia.
11.
El Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, al carecer de
efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los
responsables de graves violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la
investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de
los mismos, de conformidad con los párrafos 253 y 254 de la Sentencia.
12.
El Estado debe realizar, en el plazo de un año, un acto público de reconocimiento de responsabilidad
internacional por los hechos del presente caso, de conformidad con el párrafo 266 de la Sentencia.
13.
El Estado debe colocar en un espacio del edificio del Sistema de Información de Defensa (SID) con
acceso al público, en el plazo de un año, una placa con la inscripción del nombre de las víctimas y de todas las
personas que estuvieron detenidas ilegalmente en dicho lugar, de conformidad con el párrafo 267 de la
Sentencia.
14.
El Estado debe realizar, en el plazo de seis meses, las publicaciones dispuestas en el párrafo 271 de la
Sentencia.
15.
El Estado debe implementar, en un plazo razonable y con la respectiva asignación presupuestaria, un
programa permanente de derechos humanos dirigido a los agentes del Ministerio Público y a los jueces del Poder
Judicial de Uruguay, de conformidad con el párrafo 278 de la Sentencia.
16.
El Estado debe adoptar, en el plazo de dos años, las medidas pertinentes para garantizar el acceso
técnico y sistematizado a información acerca de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la
dictadura que reposa en archivos estatales, de conformidad con los párrafos 274, 275 y 282 de la Sentencia.
17.
El Estado debe pagar, dentro del plazo de un año, las cantidades fijadas en los párrafos 291, 293, 296 y
304 de la presente Sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por el reintegro de
costas y gastos, según corresponda, de conformidad con los párrafos 305 a 311 de la misma.
18.
Conforme a lo establecido en la Convención, la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta
Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal ejecución a lo dispuesto
en la misma, debiendo el Estado rendirle, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia,
un informe sobre las medidas adoptadas para tal efecto.

2.
Los escritos de la República Oriental del Uruguay (en adelante, “el Estado” o “Uruguay”)
de 17 de enero de 2012 y de 14 de marzo de 2012, mediante los cuales remitió información
referente al cumplimiento de la Sentencia.

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