circulación nacional (citando como fuente de información la PGJEM) y un informe gubernamental, durante la investigación y tramitación del proceso penal en su contra y sin haber sido aún condenados por sentencia firme, Daniel García y Reyes Alpízar fueron presentados por el Ministerio Público como unos de los “responsables” del asesinato de la regidora. Asimismo, Daniel García y su familia fueron expuestos como una red de criminales y espías políticos. Lo anterior generó una opinión pública de culpabilidad, sin que su responsabilidad haya aún sido acreditada ni determinada en el proceso penal. En virtud de todo lo anterior, estimaron que el Estado violó el derecho a la presunción de inocencia establecido en el artículo 8.2 de la Convención Americana. 235. Los representantes alegaron que, además de haber violado el derecho a la presunción de inocencia, las autoridades del Estado de México fueron construyendo la idea de culpabilidad en el imaginario colectivo, impactando de forma directa en el derecho a la dignidad y honra, contenido en el artículo 11 de la Convención Americana, en perjuicio de las presuntas víctimas y de sus entornos familiares cercanos. 236. El Estado alegó que “la supuesta campaña mediática está sustentada en evidencia fuertemente cuestionable” pues se trata de documentos electrónicos que no solamente carecen de identificación oficial o de la imagen institucional de las instituciones de justicia del Estado de México, sino que además ofrecen información inexacta. Por otra parte, indicó que las notas periodísticas publicadas por diversos medios durante el desarrollo de la investigación no corresponden al Estado sino únicamente al medio que las publica 238. Agregó que se menciona un informe gubernamental de manera genérica, sin proporcionar datos que permitan la identificación del documento, así como el sentido de los supuestos dichos que habrían afectado a las presuntas víctimas 239. Por lo anterior, el Estado concluyó que no había sustento alguno que permita declarar la responsabilidad del Estado por la violación a la presunción de inocencia de las presuntas víctimas Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar. A.4. El principio del plazo razonable (artículo 8.1 de la Convención Americana) 237. La Comisión y los representantes estimaron que el Estado no ha cumplido con su obligación de juzgar a Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz dentro de un plazo razonable en violación del artículo 8.1 de la Convención. Se refirieron a la irrazonable extensión del proceso penal seguido contra García Rodríguez y Reyes Alpízar y, de manera particular, por la duración injustificada del encarcelamiento preventivo al que ambos fueron sujetos. Recordaron que, a la fecha, el proceso penal contra ambos aún permanece abierto, habiéndose dictado sentencia condenatoria de primera instancia el 12 de mayo de 2022, luego de que transcurrieran dos décadas desde su inicio. 238. En cuanto a los elementos a través de los cuales se determina la razonabilidad del plazo de los procedimientos, sostuvieron en particular que, si bien la investigación trata sobre el homicidio de una figura política, no se desprende del expediente que tuviera especial complejidad respecto de las acusaciones realizadas en contra de las presuntas víctimas. Agregaron que las presuntas víctimas han contribuido activamente al proceso, aportando y solicitando la inclusión de medios 238 Agregó que las notas periodísticas referidas abarcan una multitud de eventos relacionados con el asesinato de la regidora, y con los procedimientos y diligencias realizadas en seguimiento a éste, es decir, que las notas obedecían a la labor de informar sobre el caso, y no estaban encaminadas a generar una determinada imagen sobre Daniel García Rodríguez ni Reyes Alpízar Ortiz. Agregó que se trata de un caso de interés público al involucrar el asesinato de una funcionaria pública, por lo que no debe resultar sorprendente que la prensa nacional haya buscado dar una cobertura amplia a los hechos. La cobertura otorgada al caso no puede considerarse como responsabilidad del Estado mexicano por el simple hecho de que fue realizada por entidades separadas de éste, que no actuaban bajo su dirección, control, apoyo, ni en su representación. 239 En cuanto al informe de gobierno del entonces gobernador del Estado de México, insistió que el mismo no se presume la culpabilidad de los detenidos ni se les hace objeto de algún calificativo más allá de su condición como procesados. En ese sentido, la cita no puede ser utilizada para confirmar la existencia de una campaña mediática con otro sentido que el de informar sobre un caso de notorio interés para la comunidad. -63-

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