en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana y 1, 6, y 8 de la CIPST, los hechos de tortura
en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz.
VIII.3.
DERECHO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES 235 EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE
RESPETAR LOS DERECHOS 236
A. Alegatos de las partes y de la Comisión
A.1. La regla de exclusión de prueba obtenida bajo coacción (artículo 8.3 de la Convención
Americana)
227. La Comisión y los representantes alegaron que Daniel García y Reyes Alpízar declararon
ante la PGJEM durante el tiempo en que se ha determinado que fueron sometidos a presiones y
maltratos con tales fines. La denuncia sobre tales abusos fue interpuesta por cada uno de ellos al
momento de ser puestos a disposición judicial, y posteriormente a través de diversos recursos que
presentaron, los cuales no habrían constituido recursos efectivos para desvirtuar tales alegaciones.
Notaron que las declaraciones referidas no solo no fueron excluidas del proceso penal, sino que
fueron utilizadas como el elemento de convicción central para sustentar los autos formales de
prisión en su contra y se encuentran presentes en el expediente como elementos probatorios que
inciden en la posible responsabilidad y vinculación de las presuntas víctimas en el proceso 237.
228. Los representantes agregaron con relación a este punto que la sentencia condenatoria de
12 de mayo de 2022 contiene un apartado sobre prueba obtenida bajo coacción, “aunque incumple
con los criterios de exclusión de prueba”. Agregaron que un “motivo de responsabilidad
supervenida y agravada es que en la sentencia se alude de manera fragmentada a la exclusión de
algunas pruebas obtenidas en el periodo de arraigo, con un criterio únicamente temporal en el que
se ejecutó dicha medida, pero no considera como fuentes de ilicitud la detención arbitraria y la
tortura, como fuentes relacionadas pero diferenciadas del arraigo y que por su magnitud y
gravedad, generaron un ciclo continuado y permanente de ilicitud a partir de las detenciones
arbitrarias y agravadas con actos de tortura”. En vista de no haber excluido tales pruebas hasta
haber sido debidamente investigadas y desvirtuadas, concluyeron que el Estado violó el artículo
8.3 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.
229. El Estado reiteró los alegatos sobre la inexistencia de cualquier acto de tortura en contra
de los señores Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz. En ese sentido, sostuvo que no era
posible suponer una falta de exclusión de pruebas cuando no se había comprobado la existencia
de actos de tortura. Agregó que, sin perjuicio de lo anterior, tomando en cuenta que el proceso
penal no concluyó aún, corresponderá al juez de la causa otorgar el valor probatorio y decidir
sobre la exclusión de la prueba. Indicó, por otra parte, que corresponderá al Juez Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, determinar la exclusión de la prueba al momento de
dictar sentencia dentro de la causa penal 236/2012. Sostuvo que, por esta razón, la Corte no
puede declarar el incumplimiento a la regla de exclusión de prueba obtenida bajo coacción por
parte del Estado mexicano, toda vez que el ente responsable aún no ha tomado una determinación
al respecto.
235
Artículo 8 de la Convención Americana.
236
Artículo 1.1 de la Convención Americana.
Sostuvieron que lo mismo ocurre con la declaración de Raúl Loyola Malagón, quien declaró haber sido forzado a
declarar falsamente y las declaraciones objetadas de Francisco Javier Pereira Solache y Francisco Pérez Mendoza, quienes
no han comparecido en el proceso penal a ratificar sus declaraciones, pese a haber sido citados en múltiples oportunidades
237
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