Reyes Alpízar Ortiz. Para tal efecto, el Estado podrá reabrir la averiguación
TLA/MR/III/1973/2006 (supra párrs. 105 a 112) o iniciar una nueva investigación.
previa
B.3. Deber de investigar, procesar y sancionar las demás violaciones a los derechos humanos
en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz
287.
La Corte pudo comprobar que Daniel García y Reyes Alpízar: a) fueron detenidos
ilegalmente; b) sin que se les informara sobre las razones de su detención; c) no fueron
presentados sin demora ante una autoridad judicial; d) carecieron de una defensa técnica en los
primeros días posteriores a su detención, y e) fueron privados de la libertad arbitrariamente al
aplicarse la prisión preventiva oficiosa. A raíz de ello, se vulneraron los derechos a la libertad
personal, la integridad personal, a las garantías judiciales, y a la vida privada, en su perjuicio.
288. En ese sentido, para esta Corte no cabe duda de que esos hechos fueron atribuibles al
Estado por el acciones y omisiones de varios funcionarios policiales y operadores de justicia lo cual
derivó en la responsabilidad internacional del Estado. En atención a ello, el Tribunal considera
procedente ordenar al Estado que emprenda, de conformidad con la normatividad interna
aplicable, los procedimientos disciplinarios, administrativos o de otra índole que correspondan, a
fin de investigar, procesar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos
declaradas en el presente caso.
C. Garantías de no repetición
C.1. Reformas legislativas
289. La Comisión y los representantes solicitaron que se ordene adecuar “el ordenamiento
jurídico interno, incluyendo las normas constitucionales y legales que mantengan la figura del
arraigo, a fin de eliminar definitivamente dicha figura”. Mientras ello ocurre, “asegurar que los
operadores jurídicos llamados a aplicar la figura de arraigo, la dejen de aplicar mediante un debido
control de convencionalidad, a la luz de los estándares interamericanos correspondientes”.
290. Por su parte, los representantes solicitaron que se ordene al Estado “la eliminación del
orden jurídico interno la figura de la prisión preventiva bajo la figura legal del delito grave y la
figura constitucional de prisión preventiva automática”. Adicionalmente requirieron que se
establezca “la revisión periódica y de oficio por parte de la autoridad judicial de las medidas
restrictivas de la libertad personal, siempre que cambien las circunstancias que dieron origen a su
imposición o deje de ser necesaria y proporcional, así como proveer de oficio la presentación de
los informes de las Unidades de Medidas Cautelares para la valoración técnica de la revisión”.
291. El Estado, solicitó que se tenga en cuenta los avances en el marco legal y en la estructura
institucional que se ha tenido desde la época de los hechos hasta la actualidad, y que se le permita
continuar con la mejora de los procedimientos judiciales y administrativos en la aplicación de la
figura del arraigo y, por otra parte, continuar con sus procesos internos democráticos para la
evaluación de la figura de la prisión preventiva oficiosa.
292. La Corte nota que la solicitud de reparación presentada por los representantes y la
Comisión, relacionada con una reforma normativa, se refiere tanto a la figura del arraigo como a
la figura de la prisión preventiva oficiosa. Con respecto a ello, corresponde recordar que en
Capítulo VIII.1 de esta Sentencia, la Corte concluyó que el Estado era responsable por una
violación a los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia, en relación con su
obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención
Americana, en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar, porque les fueron aplicadas
las figuras legales del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa, reguladas en el artículo 19 de la
Constitución mexicana luego de que fuera reformada en el año 2008, así como en los artículos
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