establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales sin que se lleva a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso. 297. En cuanto a las disposiciones relacionadas con la libertad provisional y la libertad bajo caución contenidas en el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000 han sido reformadas y en lugar de ellas, el artículo 194 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México en vigencia (reformado en el año 2009), establece que: Artículo 194. Procede la prisión preventiva en los siguientes casos: A. De oficio: I. Cuando se trate de los delitos de homicidio doloso, violación y secuestro, y su comisión en grado de tentativa; II. Los delitos cometidos con medios violentos, siempre que se ocasionen daños graves en la integridad física de las personas, así como los cometidos con armas, explosivos u otros que por su naturaleza puedan generar peligro; y III. En los siguientes delitos contra el libre desarrollo de la personalidad previstos en el Código Penal del Estado: a) El del artículo 204 fracciones I, II, III; b) El de pornografía de menores e incapaces contenido en el artículo 206, fracciones I, II y IV; y c) Trata de personas. IV. Los previstos como graves en las Leyes Generales. […]. c) Conclusión 298. De conformidad con lo anterior, si bien la normatividad mediante la cual se aplicó el arraigo y la prisión preventiva oficiosa a los hechos del caso ha variado, para esta Corte no cabe duda de que los aspectos que la hacen incompatible con la Convención, según lo señalado supra, persisten en su redacción actual. Esos aspectos son los que llevaron a este Tribunal a declarar que las normas que recogen las figuras del arraigo (artículo 154 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000) y de la prisión preventiva oficiosa (artículo 154 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000 así como el artículo 19 de la Constitución mexicana luego de que fuera reformada en el año 2008) eran contrarias a la Convención Americana y a la obligación a cargo del Estado de adecuar las disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención Americana. 299. La Corte recuerda que el deber general del Estado establecido en el artículo 2 de la Convención Americana, incluye la adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a las garantías previstas en la Convención, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia efectiva de dichas garantías 278. 300. Conforme a lo expuesto y con relación a la figura del arraigo como medida de naturaleza pre-procesal restrictiva de la libertad con fines investigativos, la Corte entiende que la misma resulta incompatible con la Convención Americana, puesto que los postulados que definen sus características inherentes no son compatibles con los derechos a la libertad personal, al derecho a ser oído y a la presunción de inocencia. Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal considera Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 207; Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C. No. 68, párr. 137; Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 206; Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile, supra, párr. 85, y Caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, supra, párr. 215. 278 -78-

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents