medicamentos que hagan parte del tratamiento. El centro médico que les brinde dicha atención física y psicosocial debería ser elegido de mutuo acuerdo con los beneficiarios y tomar en cuenta las circunstancias y necesidades particulares de cada caso”. 311. El Estado se refirió al apoyo brindado a las víctimas “mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, tal y como se detalló en el informe presentado a la Comisión IDH el 23 de octubre de 2020, quienes fueron inscritas al Registro Estatal de Víctimas con los números REV-059-2019-RDH (Reyes Alpízar Ortiz) y REV-060-2019-RDH (Daniel García Rodríguez)”. Además, hizo referencia detallada a la atención psicológica brindada en las clínicas de estrés postraumático de Tlalnepantla a los familiares de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz así como a sus familiares, en la Unidad de Trabajo Social y en la de Unidad de Atención Psicosocial. En virtud de lo anterior, reiteró su disposición “para brindar servicios de atención médica a las personas beneficiarias, lo anterior, a través de canalizaciones a los servicios de salud pública que requieran sus diagnósticos individuales”. 312. En el presente caso, la Corte ha determinado la afectación a la integridad personal por hechos de tortura en perjuicio de Daniel García Rodríguez y de Reyes Alpízar Ortiz (supra Capítulo VIII.2.B.1). Por ello, este Tribunal considera que es preciso disponer una medida de reparación que brinde una atención adecuada a los padecimientos psicológicos y/o psiquiátricos sufridos por esas dos víctimas. En consecuencia, esta Corte ordena al Estado que, conforme las pautas que se indican en los párrafos siguientes, brinde a tales personas tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico, en tanto estas así lo requieran. 313. El tratamiento deberá prestarse a las víctimas en forma gratuita y prioritaria, y deberá incluir la provisión de los medicamentos que pudieran ser necesarios y, en su caso, el transporte y otros gastos directamente relacionados y necesarios. El tratamiento, asimismo, deberá prestarse, en la medida de lo posible, en los centros más cercanos a los lugares de residencia de las personas beneficiarias, por el tiempo que sea necesario. Al proveer los tratamientos deben considerarse las circunstancias y necesidades particulares de cada víctima, según lo que se acuerde con ella y después de una evaluación individual 281. 314. Las personas beneficiarias disponen de un plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, para confirmar al Estado su intención de recibir atención médica, psicológica y/o psiquiátrica 282. A su vez, el Estado dispondrá de un plazo máximo de seis meses, contado a partir de la recepción de dicha solicitud, para comenzar a brindar de manera efectiva la atención solicitada. En cualquier caso, sin perjuicio de los plazos establecidos, el Estado debe cumplir la medida ordenada con la máxima celeridad posible. Si las personas beneficiarias no comunicaren en el plazo establecido su intención de recibir atención médica, psicológica y/o psiquiátrica el Estado queda eximido de brindarla. F. Otras Medidas solicitadas 315. Los representantes solicitaron que se ordene al Estado ofrecer “una disculpa pública a las víctimas y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad por los hechos del presente caso en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, donde fue detenido, arraigado y exhibido como delincuente Daniel García Rodríguez. Sostuvieron que dicho acto debe llevarse a cabo dentro del año siguiente de la notificación de la sentencia y en él, deben participar representantes del más alto nivel del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de México. La realización y demás 281 Cfr. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, supra, párr. 270; Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 349, párr. 231, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2021. Serie C No. 434, párr. 114. Cfr. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 253, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 114. 282 -81-

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