11. Señalan los peticionarios que en 1963 se propuso el proyecto para la construcción de un
complejo hidroeléctrico en la Región de Bayano, por parte de la Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID) y el Gobierno de Panamá que consistía en una represa de
“hormigón” en la intersección de los ríos Canita y Bayano, creando un embalse que cubriría
aproximadamente 350 Km2.
12. Indican los peticionarios que la construcción de la represa de Bayano se llevó a cabo entre
los años 1972 y 1976 y durante 1973 y 1977, se efectuó el traslado de los pueblos indígenas
que habitaban en la zona. Sostienen que a raíz de la represa se ocasionó la inundación del 80%
del territorio tradicional de los Kuna y Emberá; el traslado forzoso de sus tierras tradicionales a
tierras de menor cantidad y calidad; la destrucción del ecosistema del que dependían para su
subsistencia física y espiritual; el incremento de enfermedades causadas por la descomposición
vegetal y el deterioro cultural de los pueblos indígenas Emberá y Kuna de Madungandí.
13. En relación con los Emberá, los peticionarios señalan, que el Gobierno los reubicó en las
cercanías del río Mebrillo. Indican, que al comprobarse que este lugar era inadecuado, fueron
trasladados a sus actuales asentamientos de Ipeti y Piriati. Informan que a los Emberá se les
prometió una compensación monetaria por la pérdida de sus cultivos, los cuales según indican,
serían entregados por un período de tres años.
14. Con respecto al pueblo Kuna de Madungandí, los peticionarios indican que fueron reubicados
en tierras menos fértiles y de mayor altitud. Asimismo, manifiestan que el Gobierno del
Presidente Omar Torrijos acordó entregarles una compensación monetaria para indemnizarlos
por la pérdida de sus cultivos. Manifiestan que la compensación ofrecida por el Estado sólo era
posible para aquellas personas que poseían un título de propiedad, lo cual era imposible para los
miembros del pueblo Kuna, quienes concebían la tierra de forma colectiva.
15. Relatan los peticionarios que en 1977 el Gobierno, alegando escasez de fondos, suspendió
todos los pagos de indemnización y por consiguiente, dentro de sus asentamientos actuales, los
miembros de los pueblos Kuna y Emberá todavía sufren los efectos de la pérdida de sus tierras
y cultivos después de la construcción de la represa6.
16. Por otro lado, los peticionarios alegan que las presuntas víctimas han sido impedidas de
ejercer efectivamente su derecho a la propiedad debido a la presencia ilegal de campesinos
colonos en su territorio, la cual fue facilitada por la construcción de la carretera Panamericana
que permite el acceso al territorio de los pueblos indígenas. Indican que a mediados de los años
70’s los colonos iniciaron una invasión continua del territorio de los Kuna y Emberá, y
aprovechándose de la pasividad del Gobierno en la demarcación del territorio indígena, tomaron
las tierras de los indígenas junto con sus recursos naturales y la convirtieron en pastura. A la
fecha, los colonos continúan apropiándose de forma ilegal del territorio habitado por los pueblos
indígenas.
17. Los peticionarios señalan que a lo largo de treinta años se han realizado innumerables
gestiones para obtener la compensación por el traslado forzado de las presuntas víctimas, para
obtener el reconocimiento y protección de las tierras que actualmente habitan, y para enfrentar
la invasión de los colonos. Entre las acciones se encuentran una serie de acuerdos suscritos
entre los peticionarios y el Estado desde 1969, y la interposición de denuncias de carácter
administrativo desde por lo menos 1992, así como querellas penales interpuestas desde enero
de 2007 para enfrentar la invasión de los colonos, todas las cuales no han sido efectivas.
Los peticionarios indican que según un estudio realizado en el 2002, el Estado, los Kuna y los Emberá acordaron en
1980 que se darían 5 años de prórroga para continuar con el proceso de la indemnización. El estudio realizado a solicitud
de los peticionarios, que consta en el expediente ante la CIDH titulado, Informe Técnico sobre la Indemnización e
Inversión de la Comarca Kuna de Madungandí y de las Tierras Colectivas Emberá Piriati, Ipeti y Majé Cordillera, calcula
que la cantidad que queda pendiente para indemnizar a las presuntas víctimas llega a $7.824.714,19. Según los
peticionarios, el Estado no ha dado respuesta a este estudio ni ha producido alguna documentación que acredite que ha
indemnizado a las presuntas víctimas.
6
3