finalmente archivadas sin que las diligencias realizadas cumplieran con los estándares mínimos respecto al deber reforzado de investigar delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos. Añadieron que todos los otros gravísimos hechos de violencia denunciados por las beneficiarias en el marco de las presentes medidas continúan sin ser investigados, y tampoco existe información disponible sobre posibles acciones ejecutadas por el Estado, dirigidas a perseguir penalmente, juzgar y sancionar a los responsables de aquellos. c) Argumentos e información remitida por los representantes de la CPDH 23. En su escrito de 11 de octubre de 2019 los representantes de la CPDH indicaron lo siguiente: a) Desde el 10 de junio de 2019 han sufrido varias acciones de intimidación a través de la instalación de patrullas policiales y fuerzas antimotines en los alrededores de la organización. b) Tras las medidas cautelares otorgada por la Comisión el 9 de julio de 2018 la CPDH se reunió con la Procuraduría General de la República (en adelante, “PGR”) con el objetivo de establecer un número de llamada directa a la Policía Nacional. Sin embargo, el Estado no desarrolló ninguna acción efectiva para reducir el riesgo y evitar las amenazas. c) Se han llevado varios ataques directos de intimidación y amenazas contra la vida e integridad física que han sido denunciados ante la Policía y el Ministerio Público, los cuales se negaron a recibir las denuncias. Estas amenazas y asedio habrían aumentado de manera significativa desde el mes de septiembre de 2018. Se destacan la publicación de memes difamatorios, amenazas directas en redes sociales, acecho y vigilancia constante de los domicilios de los principales funcionarios de la organización, así como amenazas de ataques contra sus instalaciones. d) El 27 de julio de 2019 la abogada María del Socorro Oviedo Delgado habría sido detenida durante 52 horas, en el marco del cual fue golpeada, sometida a interrogatorios frecuentes y le fue impedido el acceso a su abogada, entre otros. e) La entonces abogada de la CPDH Leyla Verónica Prado Vanegas habría recibido amenazas por parte de grupos asociados al partido del gobierno, además de operadores políticos, en las redes sociales. El 8 de septiembre de 2019 la casa de la señora Prado habría sido rodeada en horas de la madrugada por más de 20 personas en motocicletas (grupos paramilitares motorizados) profiriendo amenazas de muerte en su contra y haciendo pintas en el muro de su casa con claras amenazas de asesinarla. La señora Prado renunció a su trabajo en la CPDH ante el temor de perder la vida a manos de dichos grupos, abandonó el país a mediados de septiembre de 2019. d) Argumentos e información remitida por la Comisión 24. En su escrito de 12 de julio de 2019 (supra párr. 5) la Comisión indicó lo siguiente: a) Con respecto a la situación de los y las integrantes del CENIDH, observó que habrían continuado los seguimientos a sus integrantes, así como las campañas de estigmatización y desprestigio en las redes sociales. La Comisión destacó también que 7