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5.
La peticionaria señala que tras haber ocupado desde 1992 diversos cargos como fiscal, el
8 de febrero de 2004 fue trasladada a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública en Cartagena
como Fiscal Seccional No. 16º, cargo de carrera que ocupó en provisionalidad hasta el 4 de noviembre de
2004 cuando su nombramiento fue declarado insubsistente. Indica que mientras ejercía como Fiscal
Seccional No. 16, actuó en una investigación iniciada por el delito de prevaricato presuntamente cometido
por el Secretario de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE), quien había
expedido un auto para el otorgamiento de una licencia para la recolección de basura a favor de una
empresa en el municipio de Pasacaballos, sin cumplir con el requisito de consulta previa a las comunidades
afrodescendientes que vivían en la zona. Indica que en el marco de sus investigaciones atendió a una
petición de restablecimiento del derecho que hizo el representante de las comunidades que actuaba como
parte civil en el proceso y ordenó se dejara sin efecto el mencionado auto.
6.
Sostiene que en julio de 2004 le correspondió disfrutar de vacaciones y durante su
ausencia, quien suplió su cargo revocó la providencia que había restablecido el derecho de las
comunidades asentadas a ser consultadas, y clausuró la investigación. Manifiesta que al reintegrarse en
su cargo, el representante del Ministerio Público coadyuvó a la solicitud de la revocatoria de las
resoluciones dictadas por el Fiscal durante su ausencia. Manifiesta que fue llamada por la Directora de la
Fiscalía, quien le indicó que no debía intervenir en procesos administrativos, no obstante, la peticionaria
indica que sus actuaciones se relacionaban a un asunto penal.
7.
Afirma que como resultado de su investigación, la presunta víctima revocó el
procedimiento llevado a cabo por el fiscal que la reemplazó en sus vacaciones. Sostiene que el 20 de
octubre de 2004 comunicó a la directora de la fiscalía su resolución y, ese mismo día, se le negó permiso
para asistir a un simposio en la ciudad de Bogotá.
8.
Sostiene que el 29 de octubre de 2004 se profirieron dos resoluciones en su contra, una
de traslado a las Islas de Providencia, por parte de la Directora de la Fiscalía, y otra que determinaba la
insubsistencia de su cargo como Fiscal Seccional No. 16 de Cartagena, firmada por el Fiscal General de
la Nación. Indica que la primera resolución le fue notificada el 3 de noviembre de 2004, con fecha para
surtir efecto, el día anterior a su notificación, y la segunda, le fue notificada el 4 de noviembre de 2004, con
efectos ése mismo día. Manifiesta que el Fiscal General la estaba separando del cargo como Fiscal
Seccional No. 16 de Cartagena, desconociendo que ella había aceptado el cargo de Fiscal Seccional en
la Isla de Providencia.
9.
Manifiesta que tras su desvinculación, el caso relacionado con el presunto delito de
prevaricato fue trasladado a una Fiscalía de la ciudad de Bogotá y que la empresa finalmente habría
obtenido la licencia ambiental. Manifiesta que el representante de las comunidades afectadas por el relleno
sanitario que actuó como parte civil en el proceso, fue asesinado en circunstancias no esclarecidas.
10.
Indica que ha interpuesto diversos recursos para ser reincorporada a su puesto. Así,
señala que interpuso acción de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena con el
objeto de que le fuere amparado su derecho de asociación, al trabajo y al mínimo vital, en conexidad con
el derecho a la salud, a la vida de sus hijos, y a la protección requerida en su calidad de madre cabeza de
familia. Sostiene que el 25 de febrero de 2005 esta tutela le fue negada, por cuanto el juzgador indicó que
la tutela era un medio subsidiario y existía una vía ordinaria para sus pretensiones. La peticionaria impugnó
la anterior resolución, y el fallo fue confirmado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sin que
fuera elegida para ser revisada por la Corte Constitucional.
11.
Indica que también interpuso acción de nulidad del acto administrativo y restablecimiento
del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cartagena, la cual fue declarada improcedente el 14 de
octubre de 2005, pues fue interpuesta el 12 de julio de 2005, fuera del plazo legal que era de cuatro meses
a partir del acto que declaró su insubsistencia. Sostiene que lo anterior se debió a que el abogado que la
representaba no presentó la acción a tiempo, sin que ella pudiera ocuparse de las gestiones legales, pues
se encontraba realizando actividades para procurar el sustento de su familia.

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