10. Los solicitantes destacaron la reaparición de personas condenadas por graves violaciones a
derechos humanos que tendrían intención de interferir en el proceso electoral9 , así como la reaparición
de grupos extremistas tales como “La Resistencia” y “Los Combatientes10”, identificados por los
solicitantes como afines al partido Fuerza Popular que “incitan a la violencia y participan en protestas a
favor de la candidata Keiko Fujimori”. Según los solicitantes, dichos grupos han promovido las acciones
llevadas a cabo en la residencia del propuesto beneficiario y otros funcionarios como el jefe de la ONPE y
el fiscal del caso Lava Jato, José Domingo Pérez.
11. En lo que se refiere a medidas de protección, los solicitantes indicaron que el propuesto
beneficiario cuenta con acompañamiento policial consistente en 12 policías, en dos turnos, cada turno con
6 policías, dos vehículos de motocicleta y policías activos. A partir del 28 de junio de 2021, ante el aumento
de actos de hostigamiento, el propuesto beneficiario ha comenzado a usar chaleco antibalas. Igualmente,
los solicitantes cuestionaron el poco conocimiento, alta rotación y poca confiabilidad respecto del
personal policial que le acompaña. En el último año, el propuesto beneficiario no habría visto reforzado
su esquema de protección de manera integral, por lo que él y su familia ha tomado “medidas de
autoprotección personal” como dejar de residir juntos, por lo que su esposa e hija se mudaron a otro lugar,
donde cuenta con personal policial en la puerta de la residencia. Además, Héctor Salas Arenas, hermano
del propuesto beneficiario ha sido objeto de hostigamiento y no cuenta con ninguna medida de protección.
A pesar de que en varias oportunidades el propuesto de beneficiario habría solicitado se refuercen sus
medidas de seguridad11 y las de su grupo familiar, así como se investigue el origen de los ataques en su
contra, hasta la fecha no se ha reforzado de manera permanente el esquema de seguridad y solo se le ha
proporcionado un chaleco antibalas.
12. Los hechos de riesgos alegados habrían incrementado el 12 de julio de 2021, fecha en que el JNE
culminó de resolver los recursos de nulidad de algunas mesas electorales lo cual llevaría la decisión final
de quién sería el próximo presidente electo del Perú. En particular se mencionó que un hombre a bordo
de un vehículo que transitó por las afueras de la vivienda del señor Salas gritó insultos en su contra, entre
ellas “maten a esa huevada que vive ahí, cachudo de mierda”. Este hecho fue reportado por el jefe de
escoltas del propuesto beneficiario12, quien por temor decidió dormir fuera de su residencia. Asimismo,
altos dirigentes del Partido Acción Popular grabaron un video en el que se dirige directamente al
propuesto beneficiario y lo amenaza para evitar que se tomen las decisiones finales que determinarían
quién sería el próximo presidente. En dicho vídeo se indicó que existen denuncias penales en contra del
propuesto beneficiario, requiriéndolo a que cumpla con el Perú ya que la mayoría del país no cree en los
resultados que será emitidos por él, a quien además se acusa de no haber actuado de “manera honorable,
correcta y legal” señalando que los procesos judiciales en su contra seguirán su curso y que le espera la
cárcel. El 12 y 13 de julio de 2021, se presentó denuncia penal contra el propuesto beneficiario por el
delito contra la voluntad popular en la modalidad de tornar imposible el escrutinio y prevaricato por
declarar improcedentes las solicitudes de nulidad del fujimorismo.
El 24 de junio de 2021 se conocieron audios y videos en los que se escucha al exasesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro
Montesinos Torres, quien cumple condena por graves violaciones a los derechos humanos, en las que se evidenciaría su intención de
interferir en el proceso electoral a través de presuntas coimas a tres integrantes del Jurado Nacional de Elecciones supuestamente a favor
de la candidata Fujimori.
10 Según los solicitantes, entre los líderes de este grupo estaría una persona que encabezó la quema de una bandera comunista en la vía
pública, con las consignas “Vamos a quemar la hoz y el martillo, el símbolo de pedro castillo”; otra persona “[s]kinhead y admirador del
elegante uniforme negro fascista" y “una mujer”. Estas personas mostrarían en sus redes el apoyo al dióxido de cloro, la oposición al uso
de mascarillas y el uso de armas de fuego ante una eventual victoria de Castillo antes del 6 de junio de 2021.
11 Se informo que la primera solicitud fue remitida al Ministerio Público el 20 de mayo y la ultima el 27 de junio de 2021.
12 El esquema de seguridad identificó al propietario del vehículo, así como logró establecer mediante consulta a bases de datos registros
de denuncias policiales a nombre de Juan Carlos Morales Ortega. Asimismo, se presentó de la comisaría constancia de los mencionados
hechos.
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