106 198. Esta Corte considera que los hechos descritos contra la familia de la víctima, el personal de la Fundación Myrna Mack y el personal de AVANCSO tenían como propósito, como ya se dijo respecto a los operadores de justicia, investigadores policiales y testigos, atemorizarlos para que desistieran de sus propósitos de hacer investigar los hechos del presente caso, identificar y sancionar a todos los responsables de la muerte extrajudicial de Myrna Mack Chang. 199. A la luz de lo anterior, este Tribunal considera que el Estado, para garantizar un debido proceso, debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso y evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos. f) Falta de diligencia en la conducción del proceso penal por parte de los jueces 200. Esta Corte ha establecido que “[e]l esclarecimiento de si el Estado ha violado o no sus obligaciones internacionales por virtud de las actuaciones de sus órganos judiciales, puede conducir a que el Tribunal deba ocuparse de examinar los respectivos procesos internos”259. 201. De tal manera, dadas las especificidades del caso y la naturaleza de las infracciones alegadas por la Comisión y los representantes de los familiares de Myrna Mack Chang, la Corte debe efectuar un examen del conjunto de las actuaciones judiciales internas para obtener una percepción integral de las mismas y establecer si dichas actuaciones contravienen los estándares sobre las garantías y protección judiciales y el derecho a un recurso efectivo, que emergen de los artículos 8 y 25 de la Convención. 202. En relación con el proceso penal, es menester señalar que la Corte, al referirse a las garantías judiciales, también conocidas como garantías procesales, ha establecido que para que en un proceso existan verdaderamente dichas garantías, conforme a las disposiciones del artículo 8 de la Convención, es preciso que se observen todos los requisitos que “sirv[a]n para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”260, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”261. 203. En el capítulo sobre hechos probados se demostró la falta de diligencia y voluntad de los tribunales de justicia para impulsar el procedimiento penal tendiente a esclarecer todos los hechos de la muerte de Myrna Mack Chang y sancionar a todos los responsables. El Tribunal no entrará a analizar aquí cada una de las actuaciones de los tribunales que carecieron de la debida diligencia (pedidos de amparo, inconstitucionalidad, recusaciones, incidentes, incompetencias, nulidades, pedidos de acogerse a la Ley de Reconciliación Nacional, entre otros), pero a manera de ejemplo hará alusión únicamente al uso de las acciones de 259 Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 9, párr. 120; Caso Bámaca Velásquez, supra nota 250, párr. 188; y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 8, párr. 222. 260 Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 9, párr. 124; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 147; y El Hábeas Corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 25. 261 Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 9, párr. 124; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, supra nota 260, párr. 147; y El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de enero de 1987. Serie A No. 16, párr. 118.