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conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, una demanda contra la
República Bolivariana de Venezuela (en adelante “el Estado” o “Venezuela”) que dio
inicio al presente caso. La denuncia inicial fue presentada ante la Comisión el 6 de
abril de 2004. El 8 de marzo de 2005 la Comisión aprobó el Informe No. 24/05,
mediante el cual declaró el caso admisible. Más tarde, el 20 de julio de 2006 la
Comisión aprobó el Informe de fondo No. 64/06, en los términos del artículo 50 de la
Convención, el cual contenía determinadas recomendaciones para el Estado. Este
informe fue notificado al Estado el 14 de agosto de 2006. Tras considerar que
Venezuela no había adoptado sus recomendaciones la Comisión decidió someter el
presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como delegados a
los señores Paulo Sérgio Pinheiro, Comisionado, y Santiago A. Canton, Secretario
Ejecutivo, y como asesores legales a los abogados Ariel E. Dulitzky, Elizabeth AbiMershed, Débora Benchoam y Manuela Cuvi Rodríguez, especialistas de la Secretaría
Ejecutiva.
2.
La demanda se relaciona con la destitución de los ex-jueces de la Corte
Primera de lo Contencioso Administrativo (en adelante “la Corte Primera”) Ana María
Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz Barbera el 30 de octubre
de 2003, por haber incurrido en un error judicial inexcusable al conceder un amparo
cautelar que suspendió los efectos de un acto administrativo que había negado el
registro de una compraventa. La Comisión alegó que la destitución por dicho error
“resulta contraria al principio de independencia judicial pues atenta contra la garantía
de fallar libremente en derecho” y que se los destituyó “por haber incurrido en un
supuesto error judicial inexcusable cuando lo que existía era una diferencia razonable
y razonada de interpretaciones jurídicas posibles sobre una figura procesal
determinada, en grave violación de su derecho a un debido proceso por la falta de
motivación de la decisión que los destituyó y sin que tuvieran a su disposición un
recurso sencillo, rápido y efectivo que se pronunciara sobre la destitución de que
fueron objeto”. De otra parte, la Comisión indicó que la Corte Primera había
adoptado decisiones “que generaron reacciones adversas por parte de altos
funcionarios del Poder Ejecutivo” y que un “conjunto de indicios” permitiría inferir
que el órgano que ordenó la destitución carecía de independencia e imparcialidad y
que dicha destitución obedecía a una “desviación de poder” que se explicaría en la
“relación de causalidad [que existiría] entre las declaraciones del Presidente de la
República y altos funcionarios del Estado por los fallos contrarios a intereses del
gobierno y la investigación disciplinaria que fue impulsada y que devino en la
destitución de las víctimas”.
3.
En la demanda la Comisión solicitó a la Corte que declare que el Estado es
responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 8
(Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en
relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar
los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la misma,
en perjuicio de las presuntas víctimas. Asimismo, solicitó que se ordenaran
determinadas medidas de reparación.
4.
El 19 de febrero de 2007 el señor Héctor Faúndez Ledesma, representante de
las presuntas victimas (en adelante “el representante”), presentó su escrito de
solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y
argumentos”) en los términos del artículo 23 del Reglamento. Además de lo indicado
por la Comisión, el representante sostuvo, inter alia, que el órgano que ordenó la
destitución se “limit[ó] a ejecutar una orden impartida, expresa o tácitamente, por el
Presidente de la República” y que “los jueces de la Corte Primera […] fueron
destituidos por razones estrictamente políticas, a fin de dar paso a otros jueces

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