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I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA
1.
El 23 de marzo de 2004, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y
61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte
una demanda contra el Estado de Colombia (en adelante “el Estado” o “Colombia”),
la cual se originó en las denuncias números 10.566 y 11.748, recibidas en la
Secretaría de la Comisión el 12 de febrero de 1990 y el 5 de mayo de 1997,
respectivamente.
2.
La Comisión presentó la demanda con el objeto de que la Corte decidiera si
el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5
(Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal) y 19
(Derechos del Niño) en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1
(Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de las presuntas
víctimas de la alegada masacre perpetrada en la población de Pueblo Bello, indicadas
en la demanda. Además, la Comisión solicitó al Tribunal que decidiera si el Estado
violó los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la
Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los
Derechos) del referido tratado, en perjuicio de las presuntas víctimas de la supuesta
masacre y sus familiares.
En su demanda, la Comisión alegó que “[l]a desaparición forzada de 37 [personas,]
así como la ejecución extrajudicial de seis campesinos de la población de Pueblo
Bello en enero de 1990 se inscribe como un […] acto de justicia privada a manos de
los grupos paramilitares entonces liderados por Fidel Castaño en el Departamento de
Córdoba, perpetrado con la aquiescencia de agentes del Estado. Por su magnitud y
por el [supuesto] temor que sembró en la población civil, este episodio determinó la
consolidación del control paramilitar en esa zona del país e ilustra las consecuencias
de las [supuestas] omisiones, actos de aquiescencia y colaboración de agentes del
Estado con grupos paramilitares en Colombia, así como su impunidad. Transcurridos
casi quince años de la desaparición de las víctimas por acción de múltiples actores
civiles y estatales, los tribunales internos han esclarecido el destino de seis de los 43
desaparecidos y solamente diez de los aproximadamente 60 particulares
involucrados han sido juzgados y condenados –sólo tres de los cuales se encuentran
privados de la libertad— con lo cual el Estado aún no ha cumplido en forma integral
con su obligación de esclarecer los hechos, juzgar a todos los responsables en forma
efectiva y recobrar los cuerpos del resto de las [presuntas] víctimas.”
3.
Además, la Comisión solicitó a la Corte Interamericana que, de conformidad
con el artículo 63.1 de la Convención, ordene al Estado que adopte determinadas
medidas de reparación indicadas en la demanda. Por último, solicitó a la Corte que
ordene al Estado el reintegro de las costas y gastos generados en la tramitación del
caso en la jurisdicción interna y ante los órganos del Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos.

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